Las restricciones para la exportación de arroz dispuestas por el Gobierno, que derivaron en la pérdida de mercados, y la intervención de Emapa hicieron que haya un sobrealmacenamiento del producto, lo que provocó una reducción del precio, según los productores de Santa Cruz.
A raíz de esa situación, ese sector tomó siete pozos petroleros en la provincia Santa Rosa del Sara y el campo Víbora en Yapacaní, en Santa Cruz.
El Gobierno convocó al diálogo y los productores respondieron que sólo hablarán en la zona de conflicto y con una delegación de cinco ministros.
El Órgano Ejecutivo prohibió la exportación para abastecer el mercado interno y con Emapa se buscaba frenar la especulación en el precio al consumidor.
El ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de las Cuatro Provincias del Norte, Florenio Orko, explicó que la restricción a la exportación del grano provocó que los centros de acopio se saturen y los ingenios no les quieran comprar su producto o les paguen un precio ínfimo de diez, 15 hasta 20 dólares por fanega (200 kilos).
“Tenemos arroz viejo, 54.000 toneladas, y ya estamos empezando a cosechar, ¿dónde vamos a acopiar, quién nos va a comprar?, vamos a tener que vender a diez dólares; botar a las calles, se echará a perder. Otros (productores) por el precio de cosecha prefieren dejar en el campo el grano, no podemos llegar a ese extremo porque hacemos una inversión inmensa”, dijo Orko.
Página Siete intentó, sin éxito, tener una contraparte en los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural; sin embargo, las autoridades se encontraban en reuniones.
Según Orko, lo que hace falta son mercados para el producto que está guardado y que se perdieron tras la prohibición de exportación. Ahora que hay permiso cuesta retomarlos.
“El Gobierno no busca mercados, porque si lo hiciera, no estaríamos en esta situación, por eso es que el arroz se acumula en los ingenios y también los intermediarios nos compran pensando que después de la cosecha va a subir el precio, pero no ocurre eso. Ahora sobrepasamos la producción, por eso es que los precios se van al suelo”, afirmó.
Cirilo Sonavi, dirigente de la Federación de Comunidades Interculturales de Yapacaní, explicó que un precio justo para los productores de arroz debería ser entre 55 y 60 dólares por fanega y no el “precio de gallina muerta” que les pagan actualmente.
A la restricción para la exportación se suma la intervención de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que desestabilizó los precios en el mercado, según los arroceros.
La firma estatal paga un preciso diferenciado de 320 bolivianos por fanega (46 dólares) a los productores que tienen permiso del Estado y 294 bolivianos (42 dólares) al resto.
Orko consideró que ése es un trato discriminatorio hacia el sector y Sonavi añadió que ese precio no llega a cubrir sus costos de operación.
“Es injusto e irracional porque el costo de producción está llegando a 50 a 55 dólares, por eso que se pongan la mano al pecho”, manifestó Sunavi.
Gobierno plantea que vendan a FFAA
Una de las soluciones que planteó el Gobierno a los productores de arroz es que puedan vender parte del grano a las Fuerzas Armadas, a la Policía o a otras entidades estatales.
El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, informó que ésa es una de las tres opciones que planteó el Ejecutivo. Las otras dos tienen que ver con coadyuvar en la búsqueda de mercados en el exterior y una tercera, ayudar a que los precios no estén por debajo de los costos de producción.
Los arroceros, por el contrario, demandan que el Ejecutivo concrete mercados para su producción, pero además que libere la exportación de arroz, es decir, que no sólo haya un cupo y sujeto a permiso.
“El Gobierno debe emitir un decreto de libre exportación para sacar nuestra producción, con ello yo creo que un poco puede mejorar y debe ser lo antes posible, porque ya estamos empezando las cosechas de arroz”, afirmó Cirilo Sonavi, dirigente máximo de la Federación de Comunidades Interculturales de Yapacaní, en Santa Cruz.
El ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de las Cuatro Provincias del Norte, Florenio Orko, coincidió en que el Gobierno debe buscar mercados para su grano y liberar la exportación.
Sobre el rol de Emapa, Vásquez dijo que la empresa canaliza préstamos a los productores y que éstos pagan con su cosecha.
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