Cómo está afectando el problema de la tierra a los productores?
Tenemos un problema complicado con respecto a los procesos contenciosos administrativos y a la entrega de títulos. De acuerdo a la información emitida por el Viceministerio de Tierras, cerca de medio millón de hectáreas de productores de Santa Cruz, Beni y Pando tiene el derecho propietario discutido; también, 150.000 hectáreas fueron observadas por estar dentro de la zona de colonización; y existe incertidumbre con respecto a las propiedades que se encuentran en la zona de Guarayos. Si sumamos todo, estamos rondando las 800.000 hectáreas de tierras productivas que tendrían inseguridad jurídica; en estas circunstancias es complicado pensar en una ampliación de la frontera agrícola.
__ ¿Qué opina sobre las 152 carpetas observadas por el INRA?
Hay casos que podían haberse subsanado sin tener que llegar al Tribunal Agroambiental, un ejemplo es el de los productores extranjeros, que solo por ese motivo fueron demandados; ellos tienen la nacionalidad boliviana, y si se les hubiese dado la oportunidad de demostrarlo, sus tierras no habrían sido observadas. Esto genera inseguridad y no les permiten el acceso al crédito bancario, ni tampoco regularizar los desmontes.
__ ¿Se pueden solucionar los casos observados por el INRA?
Si la dirección nacional del INRA y el Viceministerio de Tierras demostraran voluntad para resolver los temas, habrían muchos casos en los que, solo con desistir la demanda, se podrían solucionar de forma rápida. En las anteriores gestiones, no se notificaba a los productores observados; si se hubiesen realizado los avisos, es seguro que los procesos no habrían llegado hasta Sucre.
__ ¿Qué impide la ampliación de la Función Económica Social de dos a cinco años?
Hace dos años, nosotros propusimos, en la Cumbre Social de Cochabamba, que el plazo de verificación de la Función Económica Social (FES) no debería considerar parámetros políticos, sino técnicos; tienen que ser aspectos agronómicos y técnicos los que guíen el tiempo de las FES y no cada dos años, como es actualmente, puesto que aleja al productor de la posibilidad de obtener un crédito.
El proyecto de ley que permitía esta ampliación fue congelada en la Asamblea Legislativa. Existe falta de voluntad, por un lado, y falta de conocimiento con respecto a los ciclos productivos en la agricultura y en la ganadería.
__ ¿Existen medidas efectivas para evitar la toma de tierras?
La Ley de Avasallamiento que fue una medida normativa, solicitada por el sector productivo, en el ámbito penal, marca un antes y un después; sin embargo, desde el punto de vista normativo, esa ley, presenta un problema con la aplicación retroactiva de la Constitución en desmedro de los productores que trabajan en más de 5.000 hectáreas y de las personas de origen extranjero; este error incentiva a que las propiedades sean el objetivo de los avasalladores.
Luis Fernando - Asturizaga
Es el actual asesor jurídico en Anapo. Se desempeñó como viceministro de Tierras en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; fue el consultor principal de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Logró una maestría en la Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco Xavier y optó por una especialidad en la Universidad Castilla La Mancha
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