El viceministro de Tierras, Johnny Cordero, admitió que se han detectado 152 carpetas irregulares en el proceso de saneamiento de las gestiones 2010, 2011, 2012 y 2013, y que se investiga a exfuncionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), exautoridades y a empresarios. Empero, optó por ser cauto a la hora de hablar de una reversión.
Al cumplirse un año de la aplicación de la Ley 337 del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que fue celebrado ayer en Santa Cruz, el líder de los soyeros, aprovechó la ocasión y dirigiéndose al viceministro Cordero le sugirió seguir la línea y el mensaje del presidente y del vicepresidente del Estado Plurinacional para producir más alimentos y lograr la expansión de la frontera agrícola.
“Si nos estancamos, no vamos a llegar a garantizar la producción de alimentos al 2025. Hay medio millón de hectáreas en riesgo de ser revertidas a medianos y grandes productores. No se está invirtiendo. Aquí no se va a producir alimentos mientras no se regularice la situación legal”, aseveró Pérez.
En criterio de Pérez, los bienes del sector están en riesgo. “Para qué vamos a invertir si te lo van a quitar. Todas las carpetas están en el tribunal agroambiental en Sucre. La mayoría es de Santa Cruz, estamos hablando de ganaderos y agricultores. No había necesidad de enviar las carpetas a Sucre, toda documentación debería ser subsanada por el propietario del predio y el INRA, no ser enviada directamente”, acotó.
El directivo argumentó que en todo proceso surgen observaciones que tienen que ser solucionadas por los propietarios de la tierra y el INRA; sin embargo, ni la institución agraria ni el Viceministerio del ramo hicieron conocer la situación a los dueños.
Recordó que él personalmente abordó el tema con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, y se quedó en que ninguna carpeta debía ser enviada; sin embargo, continúan haciéndolo y va en contra del discurso del mandatario. Los acuerdos no se están cumpliendo.
Por su lado, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Fernando Menacho, compartió el criterio de los soyeros e indicó que el vicepresidente García Linera en tres ocasiones les pidió trabajar 1 millón de ha productivas más, pero “así como van las cosas es utópico”. Planteó a las autoridades no ser rígidas en la norma porque en algún momento afectará a todos.
Irregularidades
El Viceministerio de Tierras ha identificado serias irregularidades en 152 carpetas, por lo que presentó el asunto ante el tribunal agroambiental. “Aún no estamos hablando de reversión, sino de un proceso de saneamiento irregular”, dijo Cordero.
Citó, por ejemplo, que se identificaron varios casos en los que se detectó en pericias de campo que había 100 cabezas de ganado; sin embargo, en papeles aparecen 1.000, por lo que existe adulteración de documentos en los cuales figuran funcionarios, abogados, etc.
“También ha habido mala aplicación de algunas normas agrarias. Se han identificado expedientes antiguos del ex consejo nacional de reforma agraria que contemplaban irregularidades y el INRA no las ha tomado en cuenta, o sea los ha tomado como poseedores legales a los empresarios”, sintetizó la máxima autoridad de tierras
LAS POSICIONES
NOTIFICACIONES
El Viceministerio de Tierras asegura haber notificado a los demandados y terceros, además que discutió el tema con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y con Anapo. Asegura que hará cumplir la ley, pese a los reclamos de los productores.
INVESTIGACIÓN
Exejecutivos del INRA, dirigentes campesinos y empresarios serán investigados por la supuesta adulteración de documentos en el proceso de saneamiento.
VIOLACIÓN DE ACUERDOS
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que los acuerdos suscritos con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no se cumplen, por lo tanto, peligran las inversiones.
LA DISTRIBUCIÓN
En los 5,6 millones de ha de frontera agrícola existentes se hallan distribuidas la agricultura comercial y múltiple; forestales y plurianuales y estructuras urbanas y rurales.
Hay un daño doble al sector productivo
Fernando Asturizaga - ANALISTA AGRARIO
Es parte de la herencia que dejó el anterior director del INRA, que mandó de manera indiscriminada sin hacer conocer a los productores, más de 150 carpetas al Viceministerio de Tierras para que sean objetos de demandas contenciosas multativas y de resoluciones ejecutoriales. Hay procesos, gran parte de ellos, no concluidos con absoluto cumplimiento de la Función Económica Social (FES).
En términos de superficie bordean las 500.000 hectáreas, por lo que la inseguridad de los productores está en veremos por las demandas. Hay procesos que no justifican la remisión al Tribunal Agroambiental, en Sucre, porque tienen situaciones legales subsanables
Esta situación puede traer efectos negativos. Los productores que tienen carpetas observadas no pueden regularizar sus desmontes, pero lo más grave es que no ingresarán al circuito de la producción de alimentos estratégicos en el marco de la Ley 337.
Hay vulneración a los derechos de propiedad y seguridad jurídica y se rompe el pacto Gobierno-agro en relación con producir alimento en superficie desmontada
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