nos con el pretexto de estar bajo la bandera de protección del MAS y otros con el de no tener tierra para producir y vivir, toman predios productivos de forma ilegal generando un escenario de incertidumbre en el sector agroproductivo.
Por instructiva del Gobierno, el jueves de la semana anterior, la Policía desalojó a más de 200 tomatierras que se asentaron en 40.000 hectáreas cultivadas en la zona de Limoncito.
El viernes se hizo otro operativo para desocupar a 50 familias de la lechería La Sama, de 200 hectáreas, en el municipio de Porongo.
En ambos casos, se sienta un precedente del imperio de la ley sobre la ilegalidad que restituye el derecho propietario de quienes cumplen la Función Económica y Social (FES).
Lo que se espera es que no sea un trueno en cielo despejado y que sea una política sostenible en el tiempo.
Cabe recordar que en la administración del presidente Evo Morales fue promulgada la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras que establece cárcel, entre otras penalidades, para quienes incurran en este delito.
Los líderes del sector agrícola y pecuario en reiteradas oportunidades denunciaron las constantes tomas de propiedades en pleno cultivo y solicitaron el cumplimiento de la normativa al Poder Ejecutivo.
Un denominador común que se observa en la línea del tiempo, con respecto al accionar del Ejecutivo, es su lentitud en el cumplimiento de la ley y las reiteradas veces que culpó al Ministerio Público por no actuar.
Sigue el manto de misterio sobre quién es el responsable de la no reacción inmediata. ¿Por qué no se aplica ley?
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