Las medidas coercitivas que se establecen en la ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras, promulgada el 30 de diciembre de 2013, consiguió frenar los asentamientos ilegales en tierras productivas del departamento que se dieron con mayor fuerza en los últimos dos años. Los productores agropecuarios aseguran que si bien los avances en procura de brindar seguridad jurídica a esta actividad son significativos, es primordial controlarla en un 100%.
Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que la ejecución de la Ley ha sido fundamental para avanzar en el tema de la toma de tierras, puesto que hasta hace dos semanas se logró desalojar una propiedad que fue tomada durante cinco años. Roda ponderó el accionar de las autoridades del Gobierno y del INRA.
Demetrio Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), sostuvo que si bien se paralizaron las tomas de tierra que ‘estaban creciendo como una bola de nieve’, el tema aún no ha sido solucionado del todo, pues en algunas zonas continúan las amenazas.
Entre tanto, Walter Ruíz, vicepresidente de la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (Asppa), dio a conocer que desde hace unas cinco semanas, no se tiene ningún reporte sobre asentamientos ilegales gracias a la promulgación de la Ley y las acciones del Gobierno. Al respecto César Córdoba, director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), afirmó que hasta el momento las principales denuncias que llegan hasta esta institución son sobre conflictos por sobreposición de títulos.
INRA realizó 15 desalojos
Si bien, en principio se hablaba de 75 propiedades afectadas, luego de una depuración en la que participaron los técnicos de la CAO y del INRA, se dio a conocer que el número disminuyó a 33, de las cuales 31 estaban dentro de la jurisdicción de la institución agraria, mientras que las demás eran tierras con procesos de titulación terminados o con una resolución final de saneamiento.
César Córdoba sostuvo que en esta gestión se logró liberar 72.000 hectáreas de las 92.000 que se registraron como afectadas con los asentamientos ilegales, sobre todo en la zona de la provincia Ñuflo de Chávez y Guarayos.
Tomando en cuenta el número de hectáreas liberadas en 2014 se logró un avance del 78%, mientras que fue 15 el número de predios desalojados. El responsable del INRA en Santa Cruz indicó que las tomas de tierra se dieron en su mayoría en las últimas dos gestiones.
Según los datos, se realizaron nueve desalojos vía conciliación, luego de llegado a un acuerdo entre las partes, logrando una solución pacífica; mientras que con la fuerza pública se efectuaron seis desalojos, logrando retirar a 350 personas.
Las propiedades tomadas ilegalmente, según Córdoba, no solo son empresariales grandes y medianas, sino también se han afectado a comunidades y predios individuales pertenecientes a algunos sindicatos.
A diferencia de los datos manejados por el INRA, la Asppa indica que se llegaron a registrar hasta 120 predios afectados de los cuales solo 51 continúan con asentamientos ilegales por lo que se espera que se continúen las acciones de las autoridades. Ruiz afirma que el 55% del total de las tierras afectadas desarrollan actividades pecuarias y un 45% se utilizan en la agricultura.
Córdoba dijo que se continuarán con los desa-lojos en el 2015, en este sentido se dio a conocer que existen cuatro procesos que ya fueron enviados hasta el Comando Departamental y solo se espera que se emita la orden para el desalojo.
Por su parte, el viceministro de Tierras, Johnny Cordero, explicó que se está realizando trabajos para evitar el tráfico de tierras en los distintos departamentos, para ello están coordinando con varias asociaciones y concienciando a las personas para que no ingresen a las propiedades sin tener la documentación correcta, por lo que advirtió que se hará respetar las leyes.
Perjuicios en la producción
Los productores señalaron que si bien es imposible cuantificar los daños que causaron las tomas, puesto que no solo se trata de daños materiales a la maquinaria o a la infraestructura, sino que también se han visto perjudicadas varias campañas agrícolas, y los suelos que se vieron afectados ante la incursión en los campos.
Roda recalcó que los asentamientos ilegales fueron el mayor problema que se tuvo en el sector en 2012 y 2013; además fue una de las principales causas del desincentivo en los productores para ampliar la frontera agrícola y realizar nuevos emprendimientos. En este sentido, Pérez agregó que en el caso de las oleaginosas muchas inversiones fueron frenadas.
Se buscó obtener datos sobre los asentamientos ilegales en todo el país, sin embargo, en el INRA nacional indicaron que los datos serían dados en la presentación de su evaluación anual que se realizará esta semana en Santa Cruz
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