Cumbre Agropecuaria: “se juega el destino y la vida de la población”

Entre la expectativa y la desconfianza, mañana comienza la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, donde se podrían definir aspectos claves del modelo de producción de alimentos, pero donde solo estarán presentes 100 representantes de los diferentes sectores.

Las posiciones más antagónicas de quienes estarán presentes en la Cumbre son, por un lado, las de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y por otro, las del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Los sectores empresariales y de la CAO proponen un debate sobre cuatro ejes: seguridad jurídica, transgénicos, ampliación de la Función Económica Social (FES) y exportaciones sin restricciones.
Por su parte, los sectores campesinos no quieren que se debata sobre el uso de transgénicos porque temen que se termine favoreciendo la posición de la agroindustria exportadora, y prefieren mantener su soberanía y autonomía productiva.
El exviceministro en la primera gestión de Evo Morales, Rafael Puente, resume con claridad la situación: “son visiones incompatibles, pero son visiones en las que se juega el destino y la vida de toda la población”.
Es igualmente tajante cuando afirma “que no nos vengan con que hay que superar enfrentamientos y buscar consensos, por la sencilla razón de que las diferencias son irreductibles. Por tanto, no podemos quedarnos como espectadores, sino que tenemos que tomar partido y exigirle a nuestro Gobierno que lo tome: ¡Con la CSUTCB o con la CAO!”.
La CAO argumenta que ampliar el uso de transgénicos en la producción agrícola principales permitirá producir más alimentos y ser competitivos con los países vecinos. “Nosotros sin esta tecnología, no podemos acceder a los rendimientos y costo de producción que tienen otros países en maíz y algodón”, señaló en su momento el presidente de la CAO, Julio Roda.
Asimismo, este sector quiere asegurar la ampliación de la frontera agropecuaria en un millón de hectáreas anuales por cinco años. Activistas han advertido que en los hechos esto supone la destrucción de enormes extensiones de bosques tropicales ricos en biodiversidad y no aptos para la agricultura, con el propósito de subordinar más la agricultura nacional a los mercados externos.
“Esto profundizara más el desabastecimiento y el aumento de precio de alimentos para los bolivianos”, ha advertido PROBIOMA (Productividad Biosfera y Medio Ambiente), una organización con 23 años de experiencia en las áreas de agroecología, manejo y uso sostenible de la biodiversidad y biotecnología.
La ampliación de la frontera agropecuaria también conllevará mayores gastos. Según la CAO, se requiere 100.000 millones de litros de diesel sólo para el desmonte, lo que costará más de 46 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de PROBIOMA, que advierte que además de estoscostos se requerirán “inversiones millonarias en infraestructura, energía, subsidios, créditos, etc.”.

¿Deforestar para exportar o para alimentar?
El sociólogo Arturo Villanueva hace notar que “una cosa es la cantidad total de productos alimenticios que produce Bolivia, y otra cosa muy diferente es la cantidad, diversidad y los requerimientos que cubren el consumo y la canasta familiar de los bolivianos”.
Por ejemplo, Santa Cruz es hoy en día el principal productor de alimentos del país, que concentra el 70% de la producción nacional. Pero de ese total de alimentos producidos, la mayor cantidad son productos de exportación como la soya, el azúcar, el aceite, que se producen en grandes extensiones de tierra y en muchos casos con tecnología transgénica, cuyo destino principal es el mercado internacional y no así la alimentación de los bolivianos.
Mientras Bolivia cultiva productos para la exportación, importa los alimentos que la gente sí consume dentro del país. “Bolivia ha incrementado su dependencia de la importación de los alimentos que requiere para cubrir sus necesidades de alimentación”, advierte Villanueva.
Según datos de PROIOMA, más del 51% de las importaciones corresponde al trigo, harina de trigo, arroz, maíz y papa, productos que “son los fundamentales para la seguridad alimentaria de los bolivianos. Hasta hace unos años, el consumo de arroz, el maíz y la papa eran cubiertos totalmente por la producción nacional”.
Si la intención de la CAO es continuar y profundizar este modelo, la organización cuestiona: “¿Quiénes se van a beneficiar del desmonte, de la deforestación? ¿Qué se va a sembrar? ¿Hortalizas, tubérculos, granos, frutales? ¡No! Se pretende sembrar cultivos industriales destinados mayormente a los mercados internacionales, en detrimento de la alimentación de los bolivianos”.

Seguridad y soberanía alimentaria, ¿sinónimos?
Rafael Puente aclara que el concepto de soberanía alimentaria es mucho más que el de seguridad alimentaria.
“La diferencia fundamental es que la seguridad alimentaria depende de la disponibilidad mundial de alimentos (más la capacidad adquisitiva de un determinado Estado). En estos momentos se puede decir que Bolivia tiene plena seguridad alimentaria (quien tiene el dinero necesario puede comprar todos los alimentos que quiera), pero también se tiene que pensar que esa seguridad se puede perforar en cualquier momento”, explica Puente.
En este sentido, si el país deja de tener dinero para importar alimentos, y deja de producirlos internamente (como es la tendencia actual), podemos estar ante una peligrosa situación.
Por otro lado, la soberanía alimentaria “consiste en la producción interna de alimentos suficientes para la vida humana, al margen de lo que pueda ocurrir con el mercado mundial. Tenemos un país capaz de producir todos los alimentos que pudiera necesitar su población, lo que falta es la planificación de la producción para que así ocurra. Y desgraciadamente eso es lo que no ocurre”, lamenta la exautoridad.
Puente también hace notar que cada año importamos un porcentaje mayor de los alimentos por falta de planificación y de incentivos, y advierte que “nuestros productores campesinos siguen trabajando a pérdida, las ganancias son para los intermediarios y transportistas, sin garantías de mercado, en muchos casos sin agua de riego y sin posibilidades de transporte”.
En efecto, según datos de la Fundación TIERRA, en los últimos siete años las importaciones de alimentos aumentaron a razón de 100 millones de dólares cada año. En Bolivia la gente tiene más poder adquisitivo y consume más alimentos, pero en lugar de producirlos, se importan: hay cierta seguridad alimentaria, pero es cada vez más dependiente del mercado internacional, sin soberanía alimentaria.
Transgénicos: el argumento de la productividad
Representantes de la agroindustria cruceña han argumentado a favor de los transgénicos: “en Argentina obtienen 200 quintales de maíz transgénico con una tierra más frágil que la nuestra y nosotros sacamos solo 80 quintales”, razón por la cual es urgente que en Bolivia se amplíe el uso de transgénicos para el maíz, algodón y otros cultivos para aumentar la productividad y poder competir en el mercado internacional.
Sin embargo, datos de la propia CAO muestran que el rendimiento (productividad), en el caso de la soya, desde la introducción de la variedad transgénica hace diez años, se estancó en el nivel más bajo de toda la región: aproximadamente 1,9 toneladas por hectárea.
De hecho, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de PROBIOMA, dan cuenta de que entre 1990 y 2013, el rendimiento promedio de la soya transgénica se ha mantenido en poco menos de 2 toneladas por hectárea.
Esto ha llevado al investigador de la Fundación TIERRA, Enrique Castañón, a afirmar que el argumento de lograr mayor producción con el uso de transgénicos es, en el mejor de los casos “una pregunta abierta”.

Agroquímicos: el argumento de la productividad
El pasado viernes el presidente del Consejo Departamental de Competitividad (CDC) de Cochabamba, Rodrigo Paniagua, afirmó que mantener una hectárea de cultivo convencional, tratado con pesticidas y herbicidas (agroquímicos), cuesta alrededor de 10 mil bolivianos, pero la producción orgánica en la misma superficie requiere invertir otros 3 mil. Es decir que producir orgánico cuesta 30 por ciento más.
La razón de ello: “El manejo que se hace del cultivo orgánico es diferente al tradicional, hay inversión en tiempo y en infraestructura (…), el orgánico debe tener mayor atención. Incluso, a un perímetro considerable no debe existir producción convencional”, dijo Paniagua.
Por su parte, el propio presidente Evo Morales, aunque se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que los pequeños, medianos y grandes productores puedan abastecer al mercado interno con alimentos orgánicos, manifestó que apoyaría este tipo de cultivos si le demuestran que se puede garantizar suficiente productividad.
Las opiniones son divididas también en este tema. Si bien los pequeños productores quieren agricultura orgánica, varios reconocen que todavía es un desafío lograr una productividad que compita con los cultivos convencionales, que utilizan agroquímicos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (Aopeb), Tomás Flores, dijo que del total de pequeños productores, el 80 por ciento se dedica a la agricultura orgánica, aunque no certifica su producción, muchas veces por falta de información.
El mismo Flores manifestó que “si se invirtiera sólo el 50 por ciento de lo que se invierte en la producción convencional para la producción orgánica, creceríamos a pasos agigantados”, y lamentó que el Estado no invierta más en este tipo de producción.
Lo cierto es que, de acuerdo a datos de PROBIOMA, entre 1999 y 2011 la superficie nacional cultivada con uso de agroquímicos creció en 39%, y la importación de agroquímicos creció en 446%, pero que la productividad de estas mismas hectáreas apenas aumentó en 8%.
El director de esta organización, Miguel Angel Crespo, advirtió que son 4,2 millones de litros anuales de glifosato (un agroquímico considerado potencialmente canceroso por la OMS) vertidos a los alimentos y a la tierra sólo en el caso de cultivos de soya, y aclaró que este compuesto “también se usa en otros cultivos asociados como es el girasol, chía, sésamo, etc.”, por lo que el número litros tiende a ser aún mayor.
Por su parte, la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de Bolivia (RAP-BOL), alertó sobre al menos 23 ingredientes activos extremada y altamente tóxicos en los agroquímicos usados con mucha frecuencia y prácticamente sin control, que “representan un peligro potencial para el usuario, el consumidor y el medio ambiente, algunos de ellos son posibles cancerígenos humanos como la cipermetrina, endosulfan y el penta óxido de arsénico”.
Quizás el no querer seguirse exponiendo a estas toxinas es una de las razones por las cuales “las mujeres querían sólo orgánicos”, aunque “los hombres reconocieron que todavía no se puede producir todo orgánico”, según manifestó el presidente Morales al recordar una reunión reciente que mantuvo con sectores campesinos de Santa Cruz.

El “secuestro” de la soberanía y autonomía productiva
Según la Plataforma Agroecológica del Trópico, Sub trópico y Chaco, las familias productoras que tienen control y poder sobre su semilla, pueden producirla libremente, conservarla o intercambiarla, sin costo económico adicional, lo que además les da control y poder sobre la forma de producir (conocimiento y tecnología).
En este sentido, los agricultores tienen una capacidad de autoabastecimiento y autonomía cuando pueden propagar su semilla tras cada ciclo productivo indefinidamente. “El tener control y poder de decisión sobre los recursos productivos (semilla, suelo, agua, mano de obra, conocimiento y tecnología) es la base para la soberanía alimentaria”, destaca la Plataforma Agroecológica.
Es por ello que el académico Jack Ralph Kloppenburg, hace notar que es precisamente esta capacidad de autoabastecimiento la que se pretende destruir a través de la tecnología transgénica, para así dar paso al proceso de subsunción de la agricultura en el capital.
Y es que entre las cualidades de las variedades transgénicas está el hecho de que éstas no se reproducen, no generan semillas, por lo que cada año el productor está obligado a comprar nuevas semillas.
¿Quién le vende semillas? La Plataforma Agroecológica afirma que “la producción y venta de semillas transgénicas están en manos de multinacionales (Monsanto, Gargill y otras). Además, el productor debe comprar el paquete de agroquímicos y fertilizantes adicionales, y con ellos también adquirir el conocimiento para usar esta tecnología. Esto genera dependencia a todo nivel”.
Un problema adicional es que los cultivos transgénicos, al menos en el caso del maíz, generan un riesgo de que “gran parte de las variedades nativas destinadas a la alimentación directa de las familias campesinas e indígenas y que son sembradas en la zona de valles, chaco y llanos, sean potencialmente afectadas por erosión genética dado el tipo de reproducción de la planta de maíz”, advierte la Plataforma.
Esto significa que las variedades nativas se mezclan o “contaminan” con las transgénicas, perdiéndose y homogeneizándose a lo largo de los ciclos productivos.
Según los activistas de la Plataforma, “esta situación ya se vivió y se consolidó en México, donde la riqueza en la agrobiodiversidad ha sido afectada y se ha demostrado que la introducción de transgénico y el cambio de variedades por estas semillas no abarató los alimentos sino que ha generado una problemática social difícil de medir”.
La importancia de la diversidad de variedades de maíz en Bolivia es fundamental. Según Tito Claure, Coordinador Nacional del Programa Maíz, del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), el maíz ocupa el primer lugar dentro de los cereales producidos a nivel nacional, donde casi un 80% de la producción nacional extensiva y mecanizada se da en los llanos de Santa Cruz (70%) y el chaco (10%). Este grano es destinado principal (al igual que la soya) a la alimentación avícola y porcina a gran escala.
El otro 20% corresponde a siembras en parcelas de medianos y pequeños campesinos e indígenas a lo largo de todo el país con una variabilidad genética alta (más de 80 accesiones de maíces nativos solo en el Chaco Boliviano), y con destino principal para el uso tradicional en la alimentación directa de las familias, con residuos vegetales destinados para alimentación de ganado bovino criollo y parte de grano para la alimentación de animales menores.