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Si las denuncias del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) se confirman, estarían ingresando al país variedades de semillas de maíz genéticamente modificadas vía contrabando y, este extremo, que estaría provocando grandes pérdidas económicas al sector, debería ser confirmado o descartado por las autoridades nacionales a través de las instituciones especializadas, según infirió hoy el presidente de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), Marcelo Traverso.
Recientemente, la titular del Fobomade, Sonia Maldonado, aseguró que fueron detectadas cuatro variedades de maíz producidas a partir de semillas genéticamente modificadas. Puntualizó, además, que los productos fueron localizados en Chuquisaca, Tarija y en la región del Chaco.
Autorización para biotecnología
De acuerdo al análisis de APIA, la supuesta presencia de semilla de maíz genéticamente modificada, en algunas regiones del país, significaría que el agricultor habría decidido usar esta tecnología sin esperar que el gobierno autorice la investigación para medir la factibilidad o no su uso.
“La otra posibilidad es que dicha semilla haya llegado vía contrabando o que haya sido introducida como grano durante la prohibición para la exportación de maíz”, supuso el presidente de APIA.
Para APIA, es fundamental que el Estado autorice la investigación de modo que la biotecnología sea ordenada en su aplicación, con beneficios a corto, mediano y largo plazo. “De lo contrario, nadie podrá garantizar que el éxito alcanzado en otros países se replique en Bolivia, pues, el mal uso de una nueva tecnología puede causar que la cura sea peor que la enfermedad, debido a que el agricultor requiere de ciertas destrezas para su implantación”, aclaró.
La Asociación considera que toda tecnología para el agro debe ser científicamente investigada antes de ser rechazada o aprobada. “No nos podemos quedar rezagados en productividad y eficiencia, con relación a nuestros países vecinos, que además están más cerca de los puertos que Bolivia”, dijo el Presidente de la entidad, al precisar que desde hace más de diez años Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile aplican biotecnología a sus procesos productivos de soya, maíz, alfalfa, maíz, caña de azúcar y frejol, entre otros productos.
“Para APIA es difícil afirmar que en Bolivia existan estas variedades de maíz mediante bioingeniería, si no se cuenta con un estudio científico; aunque, podrían haber ingresado de contrabando y estar siendo cultivadas de manera ilegal”, sostuvo Traverso.
“Si es que existe la presencia de este material en Bolivia, presumimos que se trata de contrabando de semillas. Pensamos que están siendo utilizadas, principalmente, por pequeños productores, pero a su vez generan grandes pérdidas económicas a nuestros asociados. No es legal y, de ninguna manera, cuenta con los permisos necesarios”, declaró el portavoz de APIA.
Recordó que en Bolivia el único producto que tiene autorización oficial para utilizar Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) es la soya y que, casi la totalidad de este cultivo posee esa tecnología. Hizo hincapié en que cualquier otra semilla, que se quiera importar o cultivar en el país, debe seguir los procedimientos de Ley, puesto que, al momento, existe una prohibición para usar biotecnología en otros productos.
Marco legal
Sustentó su aseveración en la Constitución boliviana, que en su artículo 225 “prohíbe toda forma de importación, producción y comercialización de OGM y señala que el uso de este insumo será reglamentado mediante Ley”.Luis Fernando Asturizaga, experto en Derecho Agrario, aseguró que “las normas determinan la creación de un Comité de Bioseguridad que tiene la función de establecer los permisos de investigación para la agricultura. Luego de pasar los procesos de esta institución, ese material recién puede ser cultivado comercialmente y esta producción ser utilizada para el consumo de la población”.
En este sentido, el IV Foro Seguridad Alimentaria con Agrotecnología, realizado en septiembre del pasado año en La Paz y Santa Cruz, destacó entre sus conclusiones que el marco constitucional y legal boliviano presenta rasgos contradictorios. Existe una prohibición para la biotecnología, pero también establece la investigación agrotecnológica, la conservación de recursos genéticos y la creación del Comité de Bioseguridad. (Arts. 255-8 y 409 CPE; Ley 144 y Ley 300).
En tanto, Traverso complementó que existe una marcada diferencia entre los permisos para la producción y para el consumo, porque actualmente ingresan al país muchos productos alimenticios que utilizan esta tecnología en su producción y no existe una legislación o control del Estado respecto a su importación, comercialización y consumo.
“A través de una información correcta en su etiquetado, el consumidor tiene todo el derecho de saber qué tipo de productos componen los alimentos procesados industrialmente”, dijo, al señalar que espera una política estatal atinada en defensa del consumidor, de modo que exista “el debido respeto hacia el derecho de las personas de elegir sus alimentos y conocer sus ingredientes”.
Sembrar futuro
Permitir el uso de investigación para producir OGM en Bolivia, “es sembrar futuro”, aseguró el presidente de APIA al señalar que en el país existe un déficit en investigación en todos los ámbitos y poca inversión, desde todos los niveles de gobierno, especialmente en la ciencia que se dedica a este tema. “Utilizar tecnologías diferentes contribuirá a lograr seguridad alimenticia sostenible, en menor superficie y a más bajo costo”, argumentó.Recordó que el crecimiento de la población en el mundo no es proporcional al nivel de producción de alimentos. De acuerdo a las estimaciones, el planeta pasará de 7.200 millones de habitantes a 9.000 millones el 2050. En ese tiempo aumentará también la desaparición de superficies aptas para la agricultura. “Estos son los factores por los que se busca un mayor rendimiento del terreno, con una productividad de más kilos por hectárea con uso de tecnología”, fundamentó.
Frente a este panorama, enunció que “Bolivia está muy atrasada en tecnología e investigación agrícola, respecto a sus países vecinos, que han tenido éxito en la producción. Es necesario tener una actitud más abierta. Este es un tema muy delicado y está vulnerando nuestras fronteras. Se debe recurrir a tecnología útil para el país, pero de forma ordenada. La única manera de alcanzar soberanía alimentaria es produciendo más y ello es posible con la utilización de mejores tecnologías”, señaló.
Acerca de Apia. Es una Institución boliviana sin fines de lucro, creada hace más de 30 años, que asocia a empresas dedicadas a la importación y formulación de productos para la protección de los cultivos, semillas, maquinarias e implementos agrícolas. Coadyuva con el sector agrícola a través de la protección de los cultivos, el cuidado del medio ambiente, inserción de nueva tecnología y el desarrollo de la seguridad alimentaria en el país.
La entidad es el brazo social de las empresas socias que también tiene el objetivo de promover el manejo y uso seguro de plaguicidas y de fomentar las buenas prácticas agrícolas, tanto comerciales como productivas. Su actuación es permanente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
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