Especialistas de Cipca, Fobomade, Tierra y Probioma coincidieron ayer en cuestionar la falta de políticas gubernamentales de apoyo a la agricultura familiar para que el sector garantice la seguridad alimentaria. Señalan que la legalización de desmontes para ampliar la frontera agrícola no es una política adecuada puesto que fomenta el agronegocio, que no produce alimentos para la canasta familiar. Plantean que es preciso planificar el uso de suelos, apoyar a los pequeños productores, promover sus productos y abrirles nuevos mercados locales.
Según datos de la FAO, el 70 por ciento de la producción de alimentos para el mundo proviene de la agricultura familiar. Al respecto, el director regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Juan Carlos Alarcón, señaló que el 80 por ciento de un plato de comida consumido en el hogar está compuesto por hortalizas, leguminosas y cereales, que se cultivan en los valles y occidente. El restante 20 por ciento son insumos del agro que provienen del oriente como arroz, aceite y trigo, por lo que favorecer a los grandes productores no asegura la provisión de alimentos básicos.
La observación hace referencia al acuerdo entre el Gobierno y el agro cruceño para ampliar la frontera agrícola en el oriente con el objetivo de garantizar la producción de alimentos.
Un documento del investigador de la Fundación Tierra, Miguel Urioste, publicado en 2013, señala que el acuerdo, que ya se perfilaba desde entonces, es “una clara apuesta para formar parte de la liga mayor de exportadores de granos, agrocombustibles y carnes, con todo lo que ello implica”. Alarcón añadió que, en su mayoría, sólo producen cereales industriales y algunos productos importantes para la alimentación como trigo o arroz, e hizo notar que con el apoyo al monocultivo se dio lugar al cambio de la matriz alimenticia, que antes estaba compuesta por 15 a 20 productos nativos y ahora sólo por 10.
Por su parte, el presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Jhon Zambrana, afirmó que con el “perdonazo” al desmonte ilegal que supone para él la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques no se garantiza la seguridad alimentaria y, por el contrario, se apoya al monocultivo.
La normativa permite sanear predios que fueron deforestados sin autorización entre 1996 y 2011.
En función a esa ley, en 2014 se autorizaron 6.192 planes de desmonte (PDM), es decir 81 por ciento más que los 3.418 aprobados en 2013, según datos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
Ya se inició el desmonte, autorizado a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz por la ABT, de 22 mil hectáreas en la Chiquitania para beneficiar a 47 productores que sembrarán pasturas orientadas al repoblamiento ganadero. Fegasacruz pretende cerrar este año con 44 mil hectáreas desmontadas.
Zambrana y el investigador de la organización Productividad, Biosfera y Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, coincidieron en que son los pequeños productores de los valles y el occidente quienes realmente abastecen de insumos para la canasta familiar, pero sin planificación del uso de suelos no hay fomento a esos sectores.
Zambrana explicó que se debe acudir a la producción intensiva para evitar el impacto ambiental provocado por la producción extensiva, porque todos los terrenos producto de los desmontes, con el tiempo, dejarán de ser fértiles y el Gobierno no brinda apoyo técnico para la autoregeneración a partir de productos orgánicos.
Impacto ambiental
El impacto ambiental causado por el desmonte podría generar desestabilización en el ecosistema de los bosques, afección al clima a través de la tala indiscriminada y daños al ciclo hidrológico, según los especialistas.
El presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Jhon Zambrana explicó que las actividades de chaqueo causan la pérdida de especies y la migración de animales.
Manifestó que la salud de la población estaría en riesgo debido a la intensificación de la actividad agrícola a través del desmonte.
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