El consejero del Banco Central de Chile, Enrique Marshall, enfatizó que “la inclusión financiera es un objetivo de política pública que reviste sin duda prioridad. Debe estar presente en la agenda de las autoridades del sector. Quizá no es estrictamente necesario entregar un mandato explícito a una determinada agencia pública, pero sí es importante que todas las autoridades que se relacionan con el sistema financiero incorporen en sus decisiones y acciones esta dimensión del desarrollo financiero”.
En ese sentido, manifestó que los bancos centrales deben perseverar en sus objetivos de estabilidad monetaria y financiera como condición necesaria para avanzar. En esta época de crisis financiera, América Latina ha mostrado experiencias positivas.
Sin embargo, subrayó que “en el ejercicio de su función normativa, las autoridades monetarias deben prestar atención a las regulaciones que se establezcan y evaluar las implicancias que éstas tienen para la inclusión financiera. Esto último vale también para los supervisores financieros”.
Los proveedores no bancarios asumen riesgos muy altos. “En todo aquello que se refiere a la relación entre proveedores y clientes, las normas deben ser similares a las que se aplican al sistema bancario. No existen buenas razones para establecer diferencias en esta materia”, precisó. “Donde sí procede establecer diferencias es en materia de regulación prudencial”.
El presidente del Banco Central de Bolivia, Marcelo Zabalaga, explicó que en la Ley de Bancos y Entidades Financieras se incorporó, desde 1993, la normativa para el funcionamiento de los fondos financieros privados (FFP).
Las ONG y las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) para ser reguladas deben convertirse en (FFP). Se les da menor facultades que a los bancos; no tienen cuentas corrientes y tampoco la emisión de cheques.
Para evitar perder la misión social con la que fueron creadas al formar parte de las entidades con fines de lucro, la regulación boliviana es la más adecuada, destacó la presidenta del Consejo de Administración de Confie Holding Bolivia, Pilar Ramírez.
Por su parte, la presidenta del Directorio de ProEmpresa del Perú, Susana Pinilla, manifestó que en su país se está generando un problema porque los bancos grandes están comprando la cartera de las entidades de microcrédito, y algunas ven en esta demanda una oportunidad de negocio. El rendimiento se puede afectar, alertó.
Zabalaga dijo que la banca tradicional ahora se dirige a dar servicios a las pequeñas empresas y a las microfinanzas. Un caso es “Mi socio”, precisó. Para Ramírez, se tiene que “hacer muchos esfuerzos para volver a apoyar al sector productivo” frente al de comercio, en especial al agroalimentario para dar seguridad alimentaria.
El sector rural y agropecuario son un desafío, advirtió el presidente del BDP, Jorge Albarracín. “Hay que realizar ajustes en la normativa orientada a créditos comerciales porque no considera lo productivo ni la perspectiva de banca de desarrollo”.
El foro del BCB
La Jornada Financiera es un escenario de análisis de temas relacionados con estabilidad financiera, el desarrollo y consolidación de los mercados financieros y el fomento de la cultura y la educación financiera.
Aún faltan normas de incentivo en Bolivia
Un estudio realizado en Bolivia señala que el crédito productivo no agropecuario es del 90%, mientras que al crédito productivo agropecuario le corresponde el 10%. Ahí está el gran reto, aseguró el presidente del BDP, Jorge Albarracín.
En base a la experiencia de financiamiento al sector alimentos del BDP, Albarracín señaló que unos $us 6.000 o Bs 40.000 sirven para iniciar un negocio en el área rural. Si bien las entidades de microcrédito hallaron formas para llegar a zonas alejadas, necesitan apoyo para impulsar una mayor bancarización rural, indicó el secretario ejecutivo de Asofin, Reynaldo Marconi.
Así se avanzará en dar créditos al sector productivo que aporte a la seguridad y soberanía alimentaria y respaldar el salto cualitativo de la MIPyME para que se inserte en los mercados externos, acotó.
Prioridad es la intervención articulada entre el sector público y privado en políticas públicas y normas de apoyo e incentivo (Ley de promoción de inversiones en la MIPyME, Garantías Reales Muebles, Arrendamiento Financiero), precisó.
El consejero del Banco Central de Chile, Enrique Marshall, asevera que “es clave continuar reduciendo costos y aumentando la eficiencia”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario