Prosol: 9 empresas malversaron más de 22 millones de bolivianos

Nueve empresas malversaron 22 millones del Programa Solidario y Productivo Comunitario (Prosol) durante los años 2013 y 2014. Ese fue el análisis realizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación, basado en documentación oficial.

A pesar de ello, las nueve empresas no han sido apartadas del programa, más al contrario, siguieron jugando un rol fundamental en la intermediación entre la comunidad campesina, la empresa proveedora y los gestores del programa. Una situación que según el secretario Fernando Barrientos revela cierta “concomitancia entre los proveedores y la dirigencia de algunas comunidades para permitir que incumplan los contratos”.
Las empresas señaladas son El Sauce con 16 iniciativas fallidas, Comercial “Evita” (13), Agroindustrial RyM (11), Agrobermejo (10), Agrointegral Tarija (6), Igmasur (7), Multiagro Vel-Za (6), Motorepuestos Bermejo (6) y Cobimar (5). En 2013 se cobraron sin ejecutar 18,8 millones de bolivianos adjudicados en 80 iniciativas por estas empresas y en 2014, pese a los antecedentes, otros 3,2 millones de bolivianos.
Es solo la punta del ovillo. En 2013 fueron un total de 208 iniciativas fallidas adjudicadas a 137 empresas proveedoras, que suman 54 millones de bolivianos y que tuvieron problemas, lo que supone más del 25 por ciento del total del presupuesto, que entonces rondaba los 200 millones de bolivianos una vez incrementado a 6.000 bolivianos por familia los recursos que conformaban el bono. Los datos no hacen referencia a Yacuiba ni Villa Montes. En aquella gestión se detectó la existencia de 40 comunidades fantasmas relacionadas al pueblo weenhayek.
Por municipios, en Cercado fallaron 37 iniciativas por un monto de 18 millones de bolivianos, mientras que en San Lorenzo fallaron 28 por un monto superior a los 8 millones y en Uriondo 38 sumando más de 6 millones. En El Puente 20 de 6 millones, y en Bermejo 35 con un monto global afectado de 5,2 millones. En Padcaya fueron 22 por 4,1 millones de bolivianos y en Caraparí 8 de 2,4.
Llaman la atención los daños en Entre Ríos, donde fallaron 10 proyectos de un monto de 2,2 millones de bolivianos ejecutados solo por tres empresas y en Yunchará, donde fallaron 10 de 5 empresas por un monto de 1,6 millones.
Fernando Barrientos indica que a pesar de haber incumplido con el contrato, en la gestión 2014, estos nueve privilegiados vuelven a ser contratados, incumpliendo nuevamente y causando un daño económico de 3,2 millones de bolivianos, lo que atribuye a un problema del propio reglamento que exime de responsabilidades a las empresas proveedoras y no se les sanciona. “Hay una suerte de pasanacu de los proveedores que son los que controlan, posiblemente en complicidad con alguna dirigencia campesina comunitaria y también posiblemente en coordinación o complicidad con algunos técnicos del Prosol, que se distribuyen las “licitaciones” que se realizan”.

Reglamento
La dirigencia campesina es consciente de que se han cometido irregularidades y también de los problemas que surgen a partir de la participación de empresas intermediarias en las adjudicaciones, lo que conlleva una suerte de padrinazgos que deja por el camino la mitad de los recursos.
El dirigente Eider Quiroga señaló, en una anterior entrevista, que se ha abierto la puerta a modificar algunos asuntos del reglamento, pero también recordó que hay ausencia de la Gobernación en la fiscalización. “El reglamento ya establece que la Gobernación debe hacer el seguimiento a esta ejecución, si ahorita le pedimos cuenta de a cuántas iniciativas hizo seguimiento veremos que es casi nada. El reglamento dice que la comunidad es responsable de la ejecución de la iniciativa productiva, pero la responsable del seguimiento, a través de la Dirección del Prosol, es la Gobernación que también interviene en la rendición de cuentas. Entonces el reglamento tiene un mecanismo de control, pero nunca la siguen - y añadió - Ahora, evidentemente hay algunos malos manejos que en algunos casos son promovidos por empresas y en otros por los comités comunales. Ha habido casos de gente tan humilde que se ha visto estafada por las empresas. Haciendo una evaluación de eso, sería un rango de un 20% que se dio de malos manejos, pero un 80% podemos hablar de un éxito en el Prosol. Y eso se nota en los recorridos que hemos hecho a las comunidades y a las ferias productivas, hemos sido testigos de los beneficios”.

Depuración del censo, piedra de toque

Uno de los escándalos ya ventilados en el Prosol, durante la gestión de Lino Condori, fue la del inflado de listas con personas que no viven en las comunidades, sino que se utilizan sus documentos para recibir más recursos. El propio ex secretario ejecutivo Roberto Ruíz reconoció haber encontrado documentos familiares en Villa Montes.
El secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Barrientos, ha cifrado en 14 millones de bolivianos el daño causado por los datos inflados cruzando datos con el Censo de Población y Vivienda de 2012. Aquel año se estimaban 18.897 familias en las comunidades, pero los beneficiarios fueron 22.540. La situación se mantuvo en los años siguientes.