La dirigencia de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), develó que cerca de 80 empresas distribuidoras de materiales y productos agrícolas lucran con las iniciativas productivas del Programa Solidario Comunal (Prosol) en cada gestión, con el aval de la Administración Central.
Esta información la dio a conocer el dirigente de la Fsucct, Eider Quiroga, quien manifestó que unas 80 empresas de diversos rubros avaladas por la Dirección del Prosol, cada año, pugnan por acceder a las diferentes iniciativas productivas, programadas dentro los cerca de 200 millones de bolivianos del presupuesto.
El dirigente aseguró que por disposición de la Gobernación, desde hace más de seis años, se instruye a las comunidades llenar formularios en la Dirección del Prosol, para publicar las iniciativas productivas por medios de comunicación y cotizar los precios de los materiales y los productos por lo menos con tres empresas.
Similar postura expresó el ejecutivo de la Fsucct, Santos Valdés, quien manifestó que el crecimiento de varias empresas intermediarias en la ejecución de los proyectos comunales con recursos del Prosol, es iniciativa de las autoridades departamentales y los técnicos a cargo de la unidad, sin respetar el reglamento del Prosol.
Este proceso de licitación, instruido por la Dirección del Prosol, obliga las familias de las más de 600 comunidades del departamento a buscar, cada año, a las empresas de acuerdo a su proyecto comunal, para adjudicarle la iniciativa productiva de acuerdo a los costos y ofertas más bajas, sostuvo el dirigente.
Ante esta situación, la dirigencia del agro plantea a las autoridades departamentales excluir a los intermediarios, destituir a los técnicos de la Dirección que trabajan en supuestos negociados con las empresas, eliminar las licitaciones y los formularios para ejecutar los proyectos de manera directa como establece el reglamento y la Ley 3741.
Por su parte, el secretario de la Gobernación, Luis Alfaro, compartió esta preocupación de la dirigencia del agro, al asegurar que no está de acuerdo con que continúen las empresas lucrando con recursos económicos del Prosol hasta en un 50 por ciento, en la elevación de los costos y el proceso de facturación.
La autoridad departamental manifestó que esta gestión debe llegarse a un acuerdo con la dirigencia campesina, pueblos indígenas y las federaciones especiales de Bermejo y el Chaco, para cambiar el sistema de ejecución, inversión, beneficiarios, controles de fiscalización y otros.
Ambos sectores coinciden en cambiar la forma de ejecución de las iniciativas productivas, depuración de beneficiarios, reorientaciones de las inversiones a la producción y la fiscalización, pero la modificación del reglamento no la acepta el movimiento campesino.
Jurado negó haber recibido coimas
La asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), Guadalupe Jurado, aclaró las denuncias en su contra que hizo la Gobernación por beneficiarse de supuestos cobros indebidos en el Programa Solidario Comunal (Prosol), en la gestión 2014 y tener vínculos con la ex funcionaria de la unidad Sureñita Toconas.
“Yo no cobre ni un peso a nadie, mis principios como mujer del campo no me permiten esas cosas, utilizaron mi nombre para desprestigiarme y ahora lo hace la Gobernación, sin embargo, ya presenté una denuncia en la Fiscalía por difamación y calumnias contra esa tal Sureñita, a la que solo la conozco de vista”, dijo.
Asimismo aseguró que la dirigente de la comunidad de Guerra Huayco, Miriam Jurado, también denunciada por cobros dentro el Prosol, no es su pariente como señala el secretario de Justicia, Yamil García.
Para el ex dirigente de MAS, Nelson Aguilar, la judicialización del Prosol desde la Gobernación tiene fines políticos de desestabilización a la dirigencia de la Federación de Campesinos y copar los cargos de los dirigentes, tanto de la departamental y las provincias, con fines políticos apoyados por el ex dirigente Luis Alfaro, sostuvo.
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