Así lo señala el Estudio Socioeconómico de la Cadena de Uvas, Vinos y Singanis, financiado por la fundación Fautapo, el BID-Fomin y la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV).
Para Luis Antelo Bruno, del Programa de Fortalecimiento al Complejo de Uva, Vino y Singani (PFCUVS), de Fautapo, el estudio muestra que a pesar del gran impacto social y económico de este sector, se denota un bajo control estatal para enfrentar el contrabando y la adulteración o falsificación de los productos.
María José Granier, presidenta de ANIV, indicó que los vinos ilegales hacen mucho daño a la imagen de sus productos y al Estado porque no pagan los mismos impuestos que una empresa formal. Explicó que además del 25% por el impuesto a las utilidades, aportan cerca de un 10% por impuestos al consumo específico (ICE).
Según el estudio, la producción de uva de mesa, vino y singani genera 3.400 empleos directos. El 78% se relaciona con la producción de vino y singani (2.659) y el 22% con la producción de uva de mesa (741).
Desde la Aduana señalaron que con frecuencia hacen operativos para decomisar vinos de contrabando. La entidad señaló que desde enero hasta agosto se han comisado 23.106 bebidas alcohólicas de todo tipo.
Incentivos para crecer
María José Granier manifestó que la industria requiere de políticas de incentivo, como sucede en varias zonas de Europa, donde el Estado les subvenciona la mano de obra, el agua o los impuestos por sus tierras.
Para enfrentar el contrabando, afirmó Antelo, es muy importante el control estatal a partir de sus órganos dispuestos para estos fines. “Como el estudio demuestra, son grandes volúmenes que ingresan al país por nuestras fronteras y el Estado no toma acciones sobre el tema”, agregó.
El especialista explicó que se viene trabajando en la marca país Vinos de Bolivia para buscar la fidelidad del consumidor a la producción nacional que ofrece calidad similar a los grandes vinos hechos en otros países
Faltan políticas de desarrollo departamental y nacional
Fernando Iñiguez - Experto en viticultura
La cantidad de mano de obra que genera el sector vitivinícola es grande, más que la producción de cerveza. Sin embargo, en Tarija nos hemos estancado en la superficie cultivada, que está por las 1.800 hectáreas aproximadamente y representa el 85% a escala nacional.
Esto es porque nos faltan políticas de desarrollo. No las tenemos a escala nacional ni departamental. Si bien existen algunas políticas, son deficitarias y no están acorde con las necesidades del campesino.
En algunas zonas se tiene que cambiar la tecnología de riego, como el área de San Jacinto, donde el riego funciona con agua de la represa. Hay 700 hectáreas de viña en la parte nueva y se proyectan a otras 700 nuevas hectáreas, pero el agua es escasa. Allí se debería usar riego presurizado, pero es un sistema caro que requiere de una política departamental o nacional para hacerse realidad.
Con respecto al financiamiento, el acceso a los recursos de la banca privada es difícil. El 65% de los productores de uva no son sujetos de crédito, porque son pequeños productores que tienen menos de una hectárea y la propiedad agrícola de menos de tres hectáreas no es embargable para la entidad financiera. Además, la tasa de interés es alta, está entre un 14 y 21%. Y conseguir los créditos del BDP es muy burocrático
El número
No hay comentarios:
Publicar un comentario