Las firmas que operan legalmente dejaron de comercializar en el mercado nacional 40% de semilla certificada de maíz y 38.000 bolsas ilegales fueron sembradas en la temporada de invierno 2013.
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La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) expresó hoy su “profunda preocupación” por la persistencia del contrabando y la producción de semilla ilegal en el país, actividades que afectan al agricultor y perjudican al Estado y a las empresas del rubro que operan legalmente.
De acuerdo a registros de APIA, el área sembrada de maíz en la época de invierno pasado fue de 95.300 hectáreas, en cuya extensión se utilizaron 95.000 bolsas de semillas. Sin embargo de ello, las empresas legales comercializaron 57.000 sacos “lo que significa que existen 38.000 producidos ilegalmente y/o ingresados al país vía contrabando”, señala un informe oficial de la institución.
Este cuadro de situación –añade– representa que cerca del 40% de la semilla sembrada en el invierno pasado (2013) no pasó por los sistemas de control ni certificación y, los responsables de su comercialización –aún no identificados– no pagaron impuestos ni aranceles al Estado.
Por otro lado, esa semilla ilegal ha provocado a las empresas legales del rubro un daño económico de Bs 35.720.000 y el Estado boliviano ha dejado de percibir el 16% por obligaciones impositivas, es decir, cerca de Bs 5.715.200. A esto se suma la pérdida de los agricultores –que usaron la semilla ilegal– de al menos Bs 70 millones por la disminución de más del 10% de sus ingresos debido al bajo rendimiento por hectárea.
La entidad precisa que esa actividad ilícita daña, además de la economía de los agricultores, de los productores legales de semilla y de las empresas beneficiadoras de semilla. Añade que al no contar con sistemas de control fitosanitario, el simiente ilegal pudo introducir plagas a los campos agrícolas del país.
Cumplimiento de la Ley
“En definitiva, debido a esas actividades ilegales, todos los que cumplimos con las leyes perdemos y los únicos que ganan son los contrabandistas y/o productores clandestinos de semilla”, señala la entidad al precisar que sólo en la temporada de invierno 2013 las pérdidas llegaron a Bs 111.4 millones, sin considerar los ingresos por inspección y fiscalización que debían percibir el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria (INIAF) y el SENASAG.
Frente a esa situación “profundamente preocupante”, APIA ratifica su posición de defensa de la normativa legal vigente debido a que “es una institución que en el marco de los principios que orientan su actuación permanente, cumple y defiende las normas que rigen la actividad agropecuaria y agroindustrial en el país”.
Pone de manifiesto su “rechazo a las prácticas comerciales fuera de la ley como el contrabando, la importación de productos no registrados, adulteración de productos, subfacturación, producción de semilla ilegal, entre otras que causan daño al Estado evitándole ingresos por recaudaciones y al agricultor con la baja del rendimiento de la tierra por hectárea”.
“Toda persona jurídica individual o empresarial que se dedica a este rubro, debe pagar impuestos, facturar por venta de productos, aportar a las instituciones como el INIAF y SENASAG que están para proteger al “Estado y a la población en su conjunto”, señala el informe institucional.
Grupos ilegales
Añade que “en los últimos tiempos, cada vez más empresas se sienten afectadas técnica y comercialmente por grupos de contrabandistas y productores ilegales de simientes cuyos responsables conforman un sistema ilegal, peligroso y actúan en el marco de una competencia desleal”.
APIA expresa la existencia de “mucha carga tecnológica y de propiedad intelectual en el campo de la producción legal de semillas cuyo trabajo empresarial e individuales debe ser respetado en función de sus derechos y garantías constitucionales”.
“En cuanto a semillas se refiere, defendemos el principio de la legalidad para que se importe y produzca bajo las normas vigentes en Bolivia”, afirma APIA al advertir que “las prácticas ilegales ponen en serio riesgo el estatus sanitario del país”.
Lucha conjunta
Para hacer frente a la producción de semilla nacional ilegal y del contrabando, sobre todo en los cultivos de algodón y maíz, APIA propone unificar los esfuerzos de control de las instituciones públicas como la Aduana, el SENASAG, el INIAF y las asociaciones de productores de semillas.
Señala que es posible “mejorar el estatus productivo de Bolivia ampliando más el uso de semillas certificadas que son el resultado de un proceso de investigación, inversión, cumplimiento de las normas, pago de impuestos y desarrollo de tecnología”.
“Apoyamos la incorporación de tecnología agrícola que permite mejorar el rendimiento por hectárea, en un mundo que exige producir más con menos recursos naturales y en menos espacio para dar seguridad alimentaria, en el marco de la sostenibilidad de la tierra”, señala APIA.
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