Estados Unidos (EEUU) ha sido el último país en adherirse a un tratado internacional que ha servido para facilitar el acceso a semillas básicas para la alimentación, pero no para que la industria comparta los beneficios de su uso con los agricultores.
La incorporación de Washington se esperaba tras una larga tramitación que comenzó en 2002 con la firma del entonces presidente George W. Bush y, según fuentes oficiales, no se prevé un cambio de postura en la nueva era de Donald Trump.
El acuerdo supone a Washington la puerta de entrada a un sistema de intercambio de semillas al que también pasan parte de las colecciones públicas de EEUU, con más de 500.000 muestras de plantas en total. Hasta el momento 142 Estados y la Unión Europea (UE) se han sumado al Tratado de las semillas, que desde su entrada en vigor en 2004 reconoce la contribución de los agricultores a la diversidad de los cultivos.
Bolivia, Chile y Argentina son algunos de los nuevos miembros que, como otros, han debido completar procesos complejos, desde consultas a comunidades hasta reformas legislativas para clarificar responsabilidades o lograr el encaje con otras normas internacionales, explica Francisco López, experto de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El tratado establece un sistema mundial para que agricultores, mejoradores de plantas y científicos accedan a los materiales de 64 cultivos esenciales para la alimentación y la agricultura, promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos tras la pérdida en un siglo del 75% de la biodiversidad agrícola.
Hasta la entrada de EEUU, el sistema abarcaba más de 1,5 millones de muestras y se transfirieron 3,2 millones para proyectos de mejora e investigación. Si el acceso se ha facilitado gracias a unas normas simplificadas, lo que no se ha conseguido en la última década es otro de los fundamentos del tratado, según el cual los usuarios (como empresas) que utilicen esas semillas en la mejora de las plantas o en la biotecnología deben compartir los beneficios obtenidos con las regiones de donde proceden tales recursos.
Así lo cree François Meienberg, experto de la organización civil Public Eye, quien detalla que con el sistema actual “nunca habrá pagos” ya que casi todas las variedades producidas, en vez de estar registradas como patentes y sujetas a la norma, están protegidas por un tipo especial de propiedad intelectual que exime del pago por ganancias.
“Países industrializados como los de la UE están empujando a los países en desarrollo a adoptar leyes nacionales para proteger los derechos de los mejoradores de plantas que no requieren ningún beneficio compartido con los agricultores”, agrega la investigadora Krystyna Swiderska, del Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED).
ACCESO. A su juicio, el tratado de las semillas es un “gran marco legal vinculante en el ámbito internacional”, pero sus mecanismos de aplicación son “débiles” y se deja esa tarea en manos de los gobiernos, por lo que se necesitan también medios en el ámbito nacional para asegurar su cumplimiento.
Ante la falta de avances, los países están negociando nuevas reglas, incluso una especie de suscripción al sistema multilateral, para “obtener más recursos y de forma más predecible”, indica López.
El fondo actual de distribución de beneficios depende en su mayoría de contribuciones voluntarias de los gobiernos con los que se han destinado unos $us 20 millones para proyectos de conservación en unos 55 países en desarrollo, pero asociaciones de agricultores se quejan de que se están quedando al margen al darse prioridad a los centros de investigación.
Posición del pequeño agricultor
Guy Kastler, dirigente del movimiento La vía campesina, enfatiza que su lucha se dirige contra la apropiación que en el marco del Tratado de las semillas hacen las empresas de las semillas bajo los derechos de propiedad intelectual, hasta llegar a “expropiar” a los agricultores de sus conocimientos.
Postura de la empresa industrial
Anke van den Hurk, representante de la industria de semillas en foros internacionales, considera que el sector ya comparte beneficios con los agricultores desarrollando variedades mejoradas para que tengan cosechas más productivas y resistentes, o apoyando proyectos de desarrollo y bancos de semillas.
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