Frente a esta situación irregular, que derivó en la toma física de las tierras y produjo violentos enfrentamientos en los últimos años con los sindicatos agrarios de la zona, que también alegan propiedad, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Resolución Suprema 10188 del 17 de julio de 2013, dispone “anular los títulos ejecutoriales individuales correspondientes al expediente agrario 270 de 3 de noviembre de 1955, correspondiente a la propiedad denominada Alba Rancho o Santo Domingo, ubicado en el cantón Itocta, provincia Cercado del departamento de Cochabamba”.
La decisión fue asumida por el “incumplimiento de la función económico social emergente del abandono e inexistencia de actividad productiva de dichos predios y habiéndose identificado vicios de nulidad relativa del trámite agrario”.
La misma disposición declara también ilegal la posesión de los predios que alegan la Federación Sindical Carrasco Tropical, la Central de Colonizadores Ivirgarzama y la Unión de Hortaliceros del Trópico.
Del mismo modo, la resolución suprema señala que los sindicatos agrarios que viven en la zona, identificados con los nombres de Alba Rancho, San José, Tamborada C y OTB Sindicato Agrario Monte Canto, tampoco tienen posesión legal sobre los predios, por lo que deben renunciar a la propiedad.
La resolución suprema aprueba, del mismo modo, el desalojo de todas las personas naturales y/o jurídicas de las tierras de Alba Rancho, que de una u otra manera anunciaron propiedad sobre estos terrenos.
TIERRAS FISCALES
La disposición presidencial, que ahora debe hacer cumplir el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), declara también a la serranía de Alba Rancho como “tierra fiscal no disponible” y ordena la inscripción definitiva de los predios en el Registro de Derechos Reales a nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria en representación del Estado.
NO SE CUMPLE
A pesar de la existencia de una disposición presidencial que prohíbe el uso y disfrute de las tierras fiscales de Alba Rancho, productores del Chapare, según Fernández, particularmente colonizadores de Carrasco Tropical, volvieron a ingresar a los predios el pasado mes de julio de 2015.
Sobre el tema, el director departamental del INRA, Víctor Claure, informó en una carta dirigida a la secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, María Soledad Delgadillo, “que en fecha 22 de julio, en horas de la noche (Alba Rancho) fue objeto de asentamiento ilegal por parte de un grupo de personas en una cantidad indeterminada y que forman parte de colonizadores de Carrasco Tropical”.
El reporte oficial describe que “(...) ingresaron al predio objeto de saneamiento y procedieron a la quema de pastizales, cultivos, procedieron a la apertura de caminos con maquinaria pesada, irregularidades que se pusieron en conocimiento del Comando Departamental de la Policía”.
En una visita que hizo este periódico a la zona afectada se pudo también constatar que en la serranía que ahora forma parte de tierras fiscales, se plantaron mojones para fraccionar los predios para su venta.
La dirigente del sindicato de Alba Rancho Julia Orellana denunció en el sitio cómo los presuntos loteadores no solo burlaron la ley, sino que procedieron a dividir la serranía para lotear y vender las tierras.
“La información que tenemos en el sindicato es que buscan construir 1.500 viviendas, cada una de aproximadamente 300 metros cuadrados y a un costo de 200 dólares como cuota inicial”, informó Orellana.
Marcadas con cintas rojas y azules, las tierras de Alba Rancho muestran, a simple vista, que aparentemente tienen dueños.
“No vamos a permitir que nadie ponga un pie en Alba Rancho, por el contrario, vamos a resistir, incluso con nuestras vidas cualquier intento de posesión”, advirtió Orellana, quien junto a Juanito Almanza, Félix Colque y Mario Castillo en representación de los sindicatos San José, Tamborada C y OTB Sindicato Agrario Monte Canto, cerraron filas y hablaron de “resistencia armada” para impedir el loteamiento del lugar.
Alba Rancho es un polvorín, admitieron a su vez la secretaria de la Madre Tierra, María Soledad Delgadillo y el secretario de Planificación, Filemón Iriarte.
El presidente del Concejo Municipal de Cercado, Edgar Gainza, también conoce del problema por un informe oficial.
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