Las inversiones en el sector agroindustrial están congeladas como efecto de las políticas de restricción a las exportaciones de azúcar, expresó el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Pablo Antelo Gil.
Si las restricciones continúan, es probable que los empresarios dejen en suspenso su plan de inversiones hasta que se esclarezcan las políticas comerciales del Gobierno, afirmó.
Frente a la elevación de precios del azúcar, las exportaciones fueron suspendidas temporalmente y la producción nacional es orientada al mercado interno. El contrabando encontró una veta al ver que el mercado peruano paga hasta 100 bolivianos adicionales por cada quintal de azúcar que se cotiza en 220 bolivianos en el mercado de La Paz.
Además de comercializar azúcar boliviana, el Gobierno resolvió importar el producto desde Brasil y está dispuesto a cubrir la diferencia de precio mediante una subvención estatal.
Consultado sobre su opinión acerca de estas políticas, Antelo dijo que si continúan, es posible que quien desee invertir en ese rubro, espere hasta tener un panorama más claro. “Un empresario no invierte dinero si sabe que va a perder. Las restricciones a las exportaciones son un desincentivo a las inversiones”, señaló.
Respecto a la situación de la inversión privada extranjera en Santa Cruz, resaltó que representa entre 30 y 40 por ciento no sólo de la inversión, sino también del movimiento económico y está orientada a la construcción y a la agroindustria. Explicó que el producto más importante es la soya, que se planta alrededor de un millón de hectáreas por año y se exportan cerca de 600 millones de dólares.
“Este año Santa Cruz exportará alrededor de 1.450 millones de dólares, casi lo mismo del año pasado. No hay mayor crecimiento. De ese monto, unos 600 millones pertenecen a la exportación de soya. El 2009 fue casi la misma cifra”, dijo.
Las exportaciones de productos madereros han crecido un poco y las exportaciones de productos no madereros derivados del bosque también han aumentado, en la castaña sobre todo, que beneficia a la región norte de Bolivia, señaló.
En cuanto a la ayuda que podría brindar el Gobierno al sector empresarial cruceño, Antelo dijo que lo que los recursos captados por el Gobierno también deberían distribuirse a los empresarios privados.
Pensiones desincentivan
El tres por ciento que tendrá que pagar un empleador por cada trabajador, de acuerdo a la nueva Ley de Pensiones que el Gobierno piensa aprobar este año es un desincentivo para el empresariado, según el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Pablo Antelo.
“Quien tiene costos trata de minimizarlos. Si aumenta el costo de mano de obra trata de reducirlo. El empleador, entonces, aumentará la tecnología o buscará la manera de adecuar el trabajo de esa mano de obra”, dijo para explicar la postura del empresariado. Sin embargo, dijo que aunque podrían producirse despidos por esta situación, era algo que veía poco probable.
“Si hoy ingresan al mercado laboral más de 150.000 personas es muy probable que no tengan un lugar donde trabajar. Esto porque es posible que algunas empresas se mantengan con la misma capacidad de trabajadores porque se necesita cierta cantidad para cumplir compromisos con los clientes en el exterior”.
Piden compartir
“Necesitamos producir más para luchar contra la pobrezay el proyecto del Gobierno es crear muchas empresas estatales. El financiamiento de Irán -que son 200 millones de euros- se destinará a empresas estatales productoras de leche, tractores y textiles. Esos lácteos y textiles competirán con los productores nacionales. Ojalá que parte de esos recursos también se derrame (distribuya) a productores privados”, dijo Antelo.
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