Esta afirmación está contenida en el libro "Segunda Reforma Agraria: una verdad que incomoda", publicada hace pocos días por la Fundación Tierra.
La segunda Reforma Agraria no alcanzó todos los objetivos trazados desde su aplicación. Según los autores, no se afectó el verdadero problema de la desigual estructura agraria boliviana, pero sí se detuvo la consolidación del latifundio especulativo e hizo posible el reconocimiento legal de los territorios indígenas. Las luchas políticas y los postulados de la reconducción de la reforma agraria no llegaron a instrumentalizarse. El sanemiento se vació de contenido y los intentos de reconducción comunitaria fueron debilitados por las nuevas alianzas Estado-agro-capital.
La mayor extensión de tierras aún se encuentra en manos de sectores elitistas agrarios que a lo largo de la historia lograron favorecerse de procesos irregulares de saneamiento y legalizaciones de titularidad de dichos terrenos.
La publicación refiere que en la actualidad, el Gobierno cambió de políticas agrarias con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado mediante referéndum en la que se incorporan demandas de los sectores corporativos de la agroempresa del oriente y la Amazonia y conducen al pacto productivo entre el Gobierno y la agroempresa que se concreta en la Agenda Patriótica 2025 y en la cumbre agraria de 2015 con el argumento de fortalecer la seguridad con soberanía alimentaria.
Los temas centrales contenidos, en este libro, conducen a concluir que cualquier reforma agraria, en el contexto particular de Bolivia, necesita ir más allá del enfoque de la redistribución: también debe encontrar mecanismos de registro y de control de capitales corporativos que controlan la renta agraria.
A pesar de que los avances en la titulación de tierras han sido documentados y divulgados por el Gobierno, hasta ahora no se puso énfasis en las conexiones entre los resultados alcanzados y los objetivos de transformación de la desigual estructura agraria.
Lo más común para las instituciones públicas ha sido evaluar el avance del saneamiento de tierras en término de números de hectáreas tituladas, sin que interese si ese proceso conlleva a la transferencia real de derechos propietarios a manos de sectores rurales excluidos.
Una de las principales interrogantes es cómo determinar los resultados y fuerzas que operan tras el proceso de titularización, cuestionando si cambió o no la estructura agraria dual (agricultura empresarial y agricultura a pequeña escala).
Los productores se dividieron en tres: un sector núcleo que controla la renta de la tierra, un sector semiperiférico que depende del primero y un sector excluido que es mayoritario.
UNA NUEVA CLASE DOMINANTE
Los datos preliminares del Censo Agropecuario 2013 señalan que el sector núcleo y semiperiférico (llanos y Amazonía), representados por el 18 por ciento de las unidades agropecuarias, controlan el 66 por ciento de la tierra, mientras que el sector excluido representado por el 82 por ciento de las unidades agropecuarias accede sólo al 34 por ciento de la tierra (altiplano, valles y chaco).
En el periodo 2007-2009, tras la modificación de la Ley INRA se percibió una ruptura entre la coalición del poder político y los empresarios agropecuarios. Surge una nueva clase dominante: el MAS y las organizaciones sociales e indígenas, campesinas, originarias e interculturales, denominada Pacto de Unidad. Esta nueva coalición no avanzó por dos factores: el primero la relativa disminución de las tasas de pobreza en el área rural y que algunos líderes y dirigentes formaron parte de la burocracia estatal. Se denunciaron irregularidades en el manejo de recursos, como el caso Fondioc. El segundo provino de la agricultura comercial en auge debido a la creciente demanda mundial de materia prima agrícola.
SUGIEREN REFORMULAR EL PROCESO
Los autores del libro entre sus conclusiones sugieren que el proceso agrario debería paralizar y reformular sus estrategias, mecanismos y objetivos en zonas de expansión de la frontera agrícola.
El problema no sólo consiste en el acaparamiento y concentración de tierras sino también por el proceso de saneamiento conducido por presiones económicas y políticas. También concluyen que la Ley de Tierras no prevé un mecanismo de registro y de control de capitales corporativos que controlan la renta agraria y proponen que las políticas de reforma agraria deben ser reincorporadas en la agenda de la lucha de quienes trabajan la tierra y reivindican su territorio.
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