El Seguro Agrario Universal es una de las nuevas opciones dentro del mercado de seguros en Bolivia, que apunta a garantizar la seguridad y soberanía alimentarias ante los avatares que los fenómenos climáticos ocasionan a los cultivos de los productores agrícolas. La propuesta ha levantado ilusiones en el Órgano Ejecutivo, gobernaciones, gobiernos locales, comunidades rurales, indígenas y campesinos sumergidos en la extrema pobreza; y las compañías aseguradoras del país igualmente están expectantes.
La Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) cataloga a esta medida impulsada por el ámbito gubernamental como un importante nicho de mercado de expansión, con gran potencial, que ha generado el interés de varias aseguradoras que operan en Bolivia, según el gerente general de esta institución, Justino Avendaño. Ello es confirmado por el director de Negocios de la compañía La Boliviana Ciacruz Seguros, Jorge Álvarez, quien manifiesta que “nuestras expectativas como organización son positivas”.MANDATO. La implementación del Seguro Agrario proviene de una orden de la Constitución que fue aprobada en 2009, la que fue encaminada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra con la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y el Decreto Supremo 942, de fines de julio del anterior año. Y los primeros pasos para materializarla fueron las creaciones del Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA) y el Seguro Agrario Universal “Pachamama”, para proteger a la producción agrícola.
En el segundo semestre de este año se pretende arrancar con el plan para 60 municipios (de una lista de 75, que puede apreciarse en la infografía) con mayores niveles de extrema pobreza; en el rol se encuentran 20 alcaldías de Potosí, 19 pertenecen a Chuquisaca, 17 a Cochabamba, 11 a La Paz, 5 a Oruro y 3 a Santa Cruz. Todas resultaron seleccionadas con base en indicadores sobre línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y vulnerabilidad a la seguridad alimentaria, elaborados por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).
El objetivo del seguro es cubrir las pérdidas derivadas de los desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros imprevistos; en este caso, de heladas, inundaciones, sequías y granizos que afecten a los cultivos de los municipios beneficiarios. Para ello, se cuenta con Bs 28 millones del erario nacional, que implican 50% del financiamiento; otro 40% estará formado por la contribución de las gobernaciones y las alcaldías, y el restante 10%, lo cancelará el productor.
Las estimaciones gubernamentales señalan que más de 160 mil familias se beneficiarán con este seguro que cubrirá el 24,6% de la superficie sembrada en el territorio durante esta gestión. Los primeros adjudicatarios serán los productores de los 60 municipios elegidos que cuenten con un terreno sembrado de hasta cinco hectáreas y sufran la pérdida de más del 50% de su producción. A la par, aún está en debate si se pagará entre 100 dólares o 1.000 bolivianos por hectárea dañada. INSCRIPCIÓN. Los agricultores interesados se inscribirán en sus alcaldías y el costo anual será de Bs 20 por hectárea, de acuerdo con el INSA. La idea es que los trabajadores del suelo que resulten perjudicados por las catástrofes del clima y reciban el pago de esta póliza, accedan a un monto económico que permita la sobrevivencia de sus familias y les brinde un empujón para el inicio de su próxima siembra. Así, también se evitará la emigración del campo hacia la ciudad.
Otro punto en el que avanza el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y el INSA es definir la modalidad mediante la cual las empresas aseguradoras manejarán la bolsa del seguro, las que deberán responder inicialmente a un proceso de licitación. En la mesa están propuestas como que un pool o conjunto de compañías garanticen la cancelación de este beneficio, o que varias lo hagan por separado, con diversas ofertas para los asegurados, como sucede actualmente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, informa que desde esta semana se comenzará con las inscripciones de los agricultores interesados en las 60 alcaldías escogidas (leer más datos en la entrevista de esta página). Mientras el INSA, a través de la provisión de un boletín, informa que la implementación de este Seguro Agrario ha despertado expectativa internacional, sobre todo en países vecinos, ya que involucra la aplicación de un modelo netamente boliviano en el rubro.
Rudiber Serrudo, director de Desarrollo Económico Local del municipio potosino de Tarabuco, una de las posibles alcaldías beneficiarias, comenta que esta póliza ya fue socializada por el INSA ante las autoridades de su territorio, y que ha gozado de buena aceptación. “Se ha considerado que empiece a operar desde julio, cuando se inicia el calendario agrícola que termina en julio del siguiente año”. Precisa que existen 19.950 tarabuqueños que pueden optar a inscribirse para esta iniciativa.
La misión final del Ejecutivo es que todos los productores nacionales accedan a esta medida, entre ellos los que se hallan inmersos en los ámbitos de la ganadería y los del sector agroindustrial, tal como establece la normativa constitucional y las leyes complementarias. Ello se implementará en las próximas gestiones. Incluso ya se habla de ampliar el campo de aplicación de la póliza hacia los daños ocasionados por plagas a los sembradíos. Pero primero se esperará los resultados de esta primera avanzada que empieza en julio.
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