Bolivia tiene todas las condiciones agroecológicas para lograr su soberanía alimentaria total, siendo necesario para ello un trabajo sinérgico público-privado, sobre la base de la seguridad jurídica que debe existir para la tierra y la inversión agrícola, así como la adopción de políticas públicas para mejorar la productividad en el campo, fueron parte de los conceptos vertidos en el Foro “Soberanía Alimentaria, Sostenibilidad Agro productiva y Seguridad Jurídica” organizado con éxito por la Confederación Agropecuaria Nacional CONFEAGRO y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE realizado en esta ciudad.
Más de 150 personas del sector público, privado y la academia participaron, destacando la presencia del Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Héctor Malarin; funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; así como productores agropecuarios que presentaron dos videos testimoniales sobre los avasallamientos que sufrieron de sus propiedades por más de diez años, informando que, de los 117 predios que estaban avasallados hasta el año pasado, su número se redujo a 50 que todavía están en tal situación, destacando, sin embargo, el trabajo con el Órgano Ejecutivo para su desalojo.
Trabajo público y privado
A tiempo de valorar la realización del Foro como un escenario para el debate, Dr. Julio Roda Mata,Presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO), planteó “desarrollar una estrategia de exportaciones entre el sector público y privado, para generar mayor certidumbre al sector a fin de que despegue con mayor fuerza la producción agropecuaria” y recordó al auditorio que “con mucho esfuerzo y durante décadas, hemos realizado inversiones en genética, manejo y equipamiento con tecnología de punta, viendo hoy sus frutos, por lo que es muy importante que todo eso no pierda impulso y más bien se fortalezca con un trabajo conjunto entre autoridades y productores”.
Rumbo a la soberanía alimentaria
Con datos oficiales, el Lic. Edilberto Osinaga, Gerente General de la Cámara Agropecuaria del Oriente, dio cuenta que “durante las gestiones 2013-2014 la superficie cultivada es igual a la del 2012, con la diferencia que la cantidad producida ha tenido incrementos importantes, lo que demuestra que existe un trabajo y manejo de cultivos cada vez más eficientes, pese a las adversidades climáticas, plagas y malezas”, teniendo un crecimiento sostenido, por ejemplo, en el sector pecuario principalmente la avicultura que ha sobrepasado la demanda nacional; empero, la producción ganadera decayó debido al clima adverso en el Beni en el 2014.
“Hace más de una década que la producción agropecuaria ha copado el mercado interno, a excepción del trigo, pero el crecimiento para la mayoría de los productos ha sido leve debido al escaso incremento de la demanda interna”, recordó Osinaga dando cuenta que “el sector agropecuario se halla en un momento de grandes decisiones por las perspectivas internacionales de los precios para los alimentos. Es urgente dar solución a la inseguridad jurídica de forma definitiva, apoyo y acceso a tecnología, fortalecimiento de los servicios públicos de apoyo a la producción, infraestructura y estrategia de exportaciones. El trabajo es en toda la cadena productiva” concluyó.
Hugo Lozano Simon, Presidente de la Asociación Boliviana de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola AB-CREA dio cuenta que la filosofía para los productores aglutinados en los Grupos CREA es “lograr un movimiento conectado y en expansión a partir de las relaciones intergrupales, con los productores agropecuarios y la sociedad civil en su conjunto.
Seguridad jurídica
Entre las conclusiones del evento se destaca la seguridad jurídica como una condición mínima indispensable para la tierra como para la inversión agrícola. Además se indicó que Bolivia tiene todas las condiciones agroecológicas para lograr su soberanía alimentaria total, sin embargo, es necesario un trabajo sinérgico público-privado para lograr tal objetivo, perseguido tanto por el Gobierno como por los productores del campo.
“Una de las necesidades básicas del ser humano es la “seguridad”, entendida como ausencia de riesgo, confianza en algo o alguien”, explicó el tercer expositor del Foro, Dr. Luis Fernando Asturizaga, Especialista en Derecho Agrario, Ambiental y Desarrollo Rural, para dar cuenta que “la seguridad del productor agrícola es insuficiente ante los embates climáticos; riesgos por las plagas que ocasionan pérdidas del 10 al 30% de la producción; contingencias legales como demoras en proceso de saneamiento, falta de títulos a productores medianos y grandes, o bien, títulos que no otorgan propiedad.
El Viceministerio de Tierras puede impugnar títulos y Resoluciones; así como la verificación de la Función Económica Social (FES) cada 2 años; y, avasallamientos de tierras que tienen como consecuencia la quema de bosques, destrucción de cultivos y cortinas rompe vientos, impedimento de la cosecha, el robo o destrucción de maquinarias e insumos, amenazas a propietarios y sus trabajadores, imposibilidad de acceso al crédito, disminución del valor de la tierra, impedimento para sanear la tierra y loteamiento”. Para el experto en la temática agrícola, el “derecho jurídico el que ampare esta incertidumbre; ésta seguridad es también para la población y el abastecimiento alimentario de la misma” concluyó.
También se señaló que después de 18 años de funcionamiento del INRA, no se pudo concluir el saneamiento de tierras y por ello urge revisar su accionar para mejorar su funcionamiento. El pedido generalizado fue de contar con “normas claras” para el sector agroproductivo y Puntualizo que nadie se opone a otorgación de tierras por parte del Estado, pero la oportunidad de acceso debería ser para todos.
Además se pidió la universalización del seguro agrícola, la consideración de uso de transgénicos para mejorar la producción agrícola, trabajar bajo un plan común de acción para sustituir la importación de trigo y harina de trigo y hacer mucho esfuerzo en investigación, la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (ASPPA), entregó como propuesta la Cruzada nacional por “cero avasallamiento” en todo Bolivia, la dotación de tierras fiscales a quienes verdaderamente aporten a la producción.
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