El valle tarijeño, conocido y apreciado por su rica producción de uva, está en camino de multiplicar tres veces más la producción de esta fruta gracias a las innovaciones tecnológicas adoptadas por las asociaciones de productores e implementadas por la iniciativa, investigación y capacitación de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Agropecuario de los Valles (FDTA) con el apoyo financiero de Usaid-Bolivia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Focas y Fideicomiso.
Los números, que hablan por sí solos, señalan que a partir de la adopción tecnológica, que se sitúa en 67 por ciento, la producción por hectárea, cuyo rendimiento era de aproximadamente de 246 quintales de uva de mesa, ahora se ha incrementado entre 350 y 400 quintales, de acuerdo con el informe de Ricardo Alem, coordinador de FDTA, y corroborado durante una visita a los valles tarijeños en la que se pudo tener contacto con los productores de la zona.
El programa está enfocado en la producción de uva de mesa en diferentes variedades como la Italia y la moscatel de Alejandría, destinadas exclusivamente al consumo y que conforman el 80 por ciento de producción en los municipios tarijeños Cercado y Uriondo y en los Cintis de Chuquisaca en tres municipios: Camargo, Villa Abecia y Las Carreras.
Los beneficiados son un total de 4.973 familias organizadas en asociaciones que, guiadas por la Fundación Valles, han abierto las puertas a la innovación tecnológica basada en diferentes puntos de la cadena de producción como ser: la pre cosecha, post cosecha, transformación, comercialización y mercadeo.
Exportación
La transferencia de tecnología, que se traduce en adopción de tecnologías por parte del productor, pasa por diferentes fases, cada una de llevada a cabo como proyectos. A la fecha ya se han concluido 10 de éstos.
El éxito de otros dos que están en ejecución puede no sólo incrementar los volúmenes de producción, sino también dar paso a la exportación de la uva tarijeña.
Una primera experiencia está a punto de concretarse el siguiente mes con la comercialización de uva boliviana de mesa a Paraguay.
Los proyectos mencionados, y apoyados también por la Prefectura de Tarija, se basan en dos factores: el control de granizo y la implementación de cámaras de frío.
Alem explica que tanto el valle tarijeño como los Cintis chuquisaqueños son zonas altamente propensas al granizo en época de lluvias lo que merma la cosecha.
Antes se subsanaba el problema con tecnología de radar que permitía saber si las nubes estaban cargadas de granizo y de acuerdo a esa información se procedía a disparar iones a las mismas para desintegrarlo. Sin embargo, su principal desventaja era el costo alto del uso de esa tecnología.
Ahora se lleva a cabo la implementación de “mallas anti granizo” cuyo uso se desarrolla bajo supervisión técnica. Luego de un estudio de factibilidad, que permitió saber cuánto puede afectar la malla a la maduración de la uva —si la adelanta o retrasa, acumulación de azúcar, etc.—, la tecnología ha permitido un mayor beneficio y ha bajado los costos.
UVA EXTRANJERA ENTRA ILEGALMENTE
Cámaras de frío para frenar la competencia
Uno de los mayores problemas para la comercialización de uva de mesa tarijeña al interior del país es el contrabando de esta fruta desde Chile y Argentina, lo que baja el precio del producto nacional.
El kilo de uva rosada y moscatel producida en Bolivia está a 15 bolivianos al consumidor, mientras que la uva chilena, antes del terremoto, se cotizaba por kilo entre 11 y 13 bolivianos.
Otro problema es que la comercialización de la uva boliviana se reduce a la época de cosecha, entre febrero y abril.
Para subsanar el perjuicio a nivel económico por esos factores, dos asociaciones de las poblaciones tarijeñas de Calamuchita y Muturayu, apoyadas por la Fundación Valles, están implementando el uso de cámaras de frío.
Los equipos almacenan el producto y logran su conservación por alrededor de dos meses lo que permitirá contar con uva tarijeña hasta junio en el mercado boliviano y acceder a mercados de exportación.
La primera experiencia de venta al exterior será a Paraguay, a donde llegará, por vía aérea, un paquete conformado por 700 cajas de uva nacional de primera calidad con un costo de 11 dólares por caja de ocho kilos.
Este negocio permitirá al productor incrementar en un 87 por ciento su ganancia, informó Gustavo Vacaflor, responsable de la FDTA en Tarija.
VENTANA
“Nuevo Código del Trabajo castiga la inversión privada”
La elaboración del anteproyecto de Código del Trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, norma que pretende reemplazar a la actual Ley General del Trabajo, su Decreto Reglamentario y demás disposiciones conexas –que son muchas, muy dispersas y en varios casos, contradictorias–, ha sido llevada adelante de manera unilateral, sin incorporar al sector empresarial o a los trabajadores en su discusión, contradiciendo el principio elemental del tripartismo (Gobierno –empleadores– trabajadores) que debe regir las relaciones laborales según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicho anteproyecto, en lugar de garantizar la estabilidad laboral y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, se presenta como una propuesta que castiga la inversión y la iniciativa privada, generando un efecto adverso que desalienta la creación de nuevas fuentes de empleo y pone en riesgo a las ya existentes.
La propuesta plantea cambios tales como la creación de ocho nuevos bonos, dos de los cuales, a manera de ejemplo, premian la asistencia o la puntualidad –obligaciones y no derechos de cualquier trabajador–, y consolida la atribución del Gobierno para determinar los incrementos salariales en el sector privado.
El hecho de que el Ministerio de Trabajo asuma la competencia para resolver los asuntos inherentes a conflictos laborales (anulando a las instancias judiciales), que las determinaciones de éste tengan carácter coercible mediante el auxilio de la fuerza pública (pudiendo, incluso, disponer el apremio corporal), y que las normas reglamentarias que emita “no puedan ser recurridas”, vulneran la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado de derecho.
También se observa incrementos en la remuneración carentes de una base actuarial sólida, como sucede en el caso del Bono de Antigüedad que, en el caso más extremo (trabajadores con más de 22 años de antigüedad), se elevaría en un 270 por ciento.
Estos son algunos ejemplos que develan que esta propuesta de Código del Trabajo pone en jaque a la competitividad de las empresas y someterá a éstas a los designios de las autoridades de turno.
Alberto Arze, Director Ejecutivo de la Federación de Empresarios Privados
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