El “triple sello” pretende hacer frente a las certificaciones internacionales, que son muy costosas, y facilitar el comercio exterior de las empresas nacionales.
El “Triple Sello” es una iniciativa inédita que apunta a diferenciar los productos agroindustriales y forestales -siempre que una empresa, luego de ser auditada técnicamente- demuestre que en toda la cadena productiva no incurrió en el uso del trabajo infantil, discriminación o trabajo forzoso de cualquier índole.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, presentaron ayer en La Paz el “Triple Sello”, iniciativa compuesta por tres Normas de aplicación voluntaria para las empresas que deseen adoptarlo para diferenciar sus productos en los mercados interno y externo, como “producción socialmente responsable”. Con la aplicación del “Triple Sello”, Bolivia se sitúa a la vanguardia en promover los derechos laborales al incentivar a las empresas a no incurrir en discriminación, trabajo infantil y trabajo forzoso.
La iniciativa fue impulsada por el IBCE en el marco del Proyecto “Desarrollo Exportador con Inclusión Social” (DEIS) apoyado por la Secretaría de Estado de Economía (SECO) de la Confederación Suiza, y cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Se informó que el costo de las auditorías para alcanzar el “triple sello”, a nivel internacional alcanzan los 20.000 dólares, pero con la iniciativa privada el precio estaría en 2.000 dólares,
Algunos estándares internacionales no son aplicables a la realidad social y legal boliviana. Asimismo no existe una certificación para los sectores de la agroindustria nacional que contemple además toda la cadena productiva. Adicionalmente, muchos países vecinos tienen mayores exigencias sobre certificación para que sus productos ingresen a otros países.
Contar con un Certificado de Responsabilidad Social Empresarial permitirá a las empresas la regulación de sus importaciones, preferencias arancelarias, incentivos de compradores, certificaciones internacionales y beneficios arancelarios.
También se adecuarán a la legislación de Estados Unidos y de la Unión Europea, que se mantienen rígidos en sus medidas proteccionistas de su mercado interno y por el respeto a los derechos humanos.
Esa certificación es de aplicación voluntaria para cualquier empresa agroindustrial, empresarial y ofrece ventajas competitivas, y promueve los derechos humanos.
La iniciativa privada pretende mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
“La RSE no puede ser entendida como una actividad filantrópica, de mecenazgo o padrinazgo. Es una filosofía de vida, es la forma correcta de hacer las cosas, devolviendo a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado a la empresa y la que está orientada al cumplimiento de las nuevas tendencias y estándares internacionales conducentes a una producción socialmente responsable”, señaló Pablo Antelo, presidente del IBCE.
Toda empresa privada, agroidustrial, forestal y minera debe acudir al IBCE para tomar conocimiento sobre los requisitos para acreditarse a un Certificado de Responsabilidad Social Empresarial.
La entidad conformó una comisión de técnicos, expertos en materia de discriminación laboral, explotación infantil, trabajo forzoso, responsabilidades, tendencias actuales, certificaciones y documentos actuales para orientar a las empresas.
Los costos del certificado dependen de las auditorias que se apliquen en materia de desarrollo sostenible, productividad, entre otros, que oscilan en un costo de 2 a 6 mil dólares, según Pablo Antelo.
El IBCE será la entidad que entregue a las empresas la autorización del uso del logotipo del “Triple Sello” en los productos que hayan aprobado el proceso de auditoría, y sometido a posterior verificación del Comité Interinstitucional que tiene el poder de veto sobre la auditoria realizada.
Esa herramienta podría ser exigida por los importadores internacionales, lo que iniciaría una corriente, que unirá de manera indisoluble el negocio -en este caso exportador-, con la responsabilidad social.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Calixto Chipana, cuyo Despacho prestó su respaldo a la iniciativa del IBCE, expresó su satisfacción por el lanzamiento y auguró la continuidad de trabajo conjunto entre el sector privado y público.
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