Solución salomónica. Por decisión del presidente Evo Morales, el municipio de Caranavi tendrá la planta procesadora de cítricos por la que luchó y, posteriormente, se construirá otra en algún punto del Alto Beni. De esta manera, queda sin efecto la movilización de los pobladores, colonizadores y campesinos de la región.
La reunión sostenida por el Presidente, la ministra Nemesia Achacollo, los viceministros Patricia Ballivián y Edgardo Vásquez, además del vocero Iván Canelas con unos 40 delegados de La Paz y la zona en conflicto acordó ayer la pacificación de la provincia.
El evento no contó con la participación de los ministros Sacha Llorenti, de Gobierno, y Óscar Coca, de la Presidencia, ni del viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, con quienes los caranaveños no deseaban entrevistarse y cuya renuncia solicitaron públicamente el viernes, después de los enfrentamientos sostenidos con la Policía, que dejaron el saldo de dos muertos.
Los asistentes a la sesión, que tuvo lugar en la Vicepresidencia, decidieron sobre los demás puntos del pliego petitorio, consistentes en la construcción de un sistema de agua potable, carreteras, electrificación y la transformación en universidad del Instituto Superior Técnico Agroindustrial de Caranavi.
Después del encuentro, el dirigente colonizador de Caranavi Gustavo Aliaga informó que “se ha resuelto de la siguiente forma: la primera planta se va a construir en Caranavi; la segunda, por equilibrio, se va a llevar a Alto Beni”.
Los representantes de la región admitieron, según el acta final, que si hubieran asistido a un encuentro previsto para el 23 de abril el conflicto social no habría sucedido.
A solicitud de los delegados de Caranavi, se resolvió que la investigación de los hechos y los fallecimientos de David Callisaya y Fidel Mario Hernani sea llevada adelante por una comisión compuesta por organismos nacionales y extranjeros a objeto de garantizar la imparcialidad de su labor.
El vocero gubernamental Iván Canelas aseguró, en la conferencia de prensa posterior al encuentro, que el Gobierno no podrá gestionar la liberación de los 15 caranaveños detenidos preventivamente, aunque se comprometió a que el Ejecutivo solicitará la máxima celeridad a los administradores de justicia tanto en la investigación como en los procesos.
Los asistentes incluyeron en el acta un punto que da cuenta de que en las organizaciones de colonizadores “existen conflictos sindicales internos profundos que deberán ser solucionados por las bases, no siendo un problema del Gobierno Nacional, sino un problema interno. Sin embargo, todas las partes expresaron su voluntad de pacificar la región”.
Se definió, finalmente, que en coordinación con el presidente Evo Morales, los dirigentes de las instituciones representadas en la reunión “asumirán una investigación de los casos de corrupción” denunciados en la oportunidad.
Gustavo Aliaga explicó que está pendiente una indagación sobre la presunta venta de tractores agrícolas pertenecientes al municipio de Caranavi durante la gestión del ex alcalde David Quispe (MAS), que dio lugar a una demanda judicial que quedó archivada.
Otra de las solicitudes del municipio es que se averigüe el origen de la fortuna declarada por el senador oficialista Fidel Surco a la Contraloría, ante la que consta que posee bienes por 1.092.000 bolivianos, además de supuestos malos manejos de taques de coca producidos por la Regional de Alto Beni.
Finalmente, Freddy Herbas, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Caranavi, dijo que Evo Morales se sorprendió al conocer que los familiares de Surco ocupan importantes cargos sociales y políticos en Alto Beni.
Los asistentes le transmitieron el resentimiento que guardan hacia el ministro Llorenti, a quien responsabilizaron de la violencia y de los dos decesos.
Según el representante vecinal, el Jefe del Estado anunció al auditorio que solicitará informes al respecto, aunque no anticipó si habrá sanciones o el tipo de decisiones que adoptará en caso de que compruebe irregularidades.
Una comisión nacional y extranjera investigará la violencia.
Diputados forma comité investigador
A propuesta de la bancada del Movimiento Sin Miedo (MSM), durante la sesión de la Cámara Baja, ayer se formó una comisión integrada para investigar los hechos de violencia acaecidos en Caranavi el fin de semana, que se saldaron con dos muertes. El resultado de esta labor investigativa deberá conocerse en 30 días.
Según la resolución correspondiente, esta instancia será compuesta por las comisiones de Derechos Humanos, que preside la diputada Marianela Paco Durán, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, dirigida por el diputado Lucio Marca, también del oficialismo. Esta instancia contará con legisladores de otros partidos políticos en calidad de adscritos.
La labor de averiguación se puso en marcha ayer mismo, cuando la diputada Paco Durán solicitó un informe escrito al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para que explique lo sucedido en esa región del norte tropical paceño.
Los integrantes de este grupo visitarán la zona sacudida por el conflicto para obtener testimonios de las víctimas y de otros lugareños.
Para destacar
Representantes de 40 organizaciones sociales de La Paz y Caranavi asistieron al encuentro con el presidente Evo Morales.
La reunión fue citada para las 10.00, pero comenzó a las 11.15. Los delegados regionales se demoraron en llegar.
El hall de la Vicepresidencia fue escenario del evento. Una ministra, dos viceministros y el vocero acompañaron a Evo.
El Presidente abandonó la sala de sesiones antes de que se redactara el acta de la reunión, por lo que no la firmó.
El Jefe del Estado debía viajar a las 17.00 a Cochabamba, pero postergó ese desplazamiento a causa de los debates.
Los caranaveños mantienen la posición de rechazo al ministro Sacha Llorenti, a quien acusaron de las muertes.
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