Por una directriz técnica emitida el anterior mes, la Superintendencia Forestal restringió la exportación de madera aserrada boliviana. Este año la medida alcanzará a tres especies, en 2008 llegará a siete y progresivamente se vetará la explotación de 50 especies maderables.
La disposición, por ser inconsulta, provocó la reacción de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) que alertó que el sector este año dejará de percibir tres millones de dólares y en 2008 la cifra subirá a 25,5 millones.
El presidente de la CFB, Pablo Antelo, hizo notar que se pone en riesgo la actividad maderera de 1.300 pequeños propietarios de derechos forestales que generan 20 mil empleos.
Indicó que la medida de la Superintendencia Forestal afecta a 758 aserraderos en todo el país. “En términos económicos, casi tres millones de dólares se perderán sin la exportación de morado, guayacán y cupesí este año, y de ocho veces más con la restricción de exportación de mara, cedro, roble y picana negra en 2008”.
Edwin Margariño, intendente técnico de Desarrollo Forestal, aseveró que con esta decisión se pretende potenciar al sector y promocionar la exportación de madera con valor agregado.
“Este reglamento no tiene el propósito de prohibir la exportación de madera aserrada, sino que es una restricción a la venta de materia prima que es escasa y no tiene valor agregado. Se busca evitar la exportación de troncas con algún proceso de rebanado y que es presentada por algunos comerciantes como un producto que tiene valor agregado”.
Entretanto, el impacto por esta restricción ya se siente en el sector maderero.
Ludwin Justiniano, de la empresa comercializadora ENG Lumberg, manifestó que hace un mes que tiene almacenada su madera aserrada para exportar y que su objetivo de comercializarla en el mercado de Japón está en riesgo. “Estoy perdiendo dinero y por esta causa voy a reducir la cantidad de personas que trabajan en mi empresa”.
Nicolás Altmann, de Altmann Montero Exportaciones, sostuvo que en su compañía trabajan 100 personas y que este tipo de medidas crea incertidumbre.
“Los perjudicados somos los pequeños productores y los comunitarios de la región”.
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