El subsidio a la producción de arroz, anunciado por el Gobierno, provoca desconfianza entre los productores de este grano. Según este sector, la medida podría distorsionar el mercado de este alimento, cuyos precios están en alza debido a factores climáticos y al contrabando a la inversa, que han impactado significativamente en el costo del grano.
El año pasado, el precio del grano aumentó hasta un 100% en los principales mercados de abasto del país, pasando el costo del kilo de grano de primera calidad (conocido como “oro”) de Bs 6 a 12. Este incremento provocó desequilibrios en el presupuesto de las familias en todo el territorio nacional.
Para mitigar la situación, el Gobierno, mediante la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), implementó la comercialización directa a la población a través de diferentes puntos de ventas en todo el país. No obstante, la demanda superó la oferta estatal.
Medidas
Con la experiencia de 2024, este año la administración del presidente Luis Arce Catacora promulgó el Decreto Supremo 5312. La norma establece la subvención de hasta el 60% del grano para asegurar el abastecimiento interno del producto.
Este dispone que estos costos serán asumidos por el Tesoro General de la Nación (TGN), bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, garantizando los recursos según la disponibilidad financiera.
El decreto autoriza a Emapa la subvención de maíz, arroz, trigo, harina de trigo, azúcar, manteca y levadura. El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025 contempla unos Bs 528 millones para cubrir esta política de subvención.
Solo en arroz, el Estado estima acopiar, mediante subsidios, 80.000 toneladas.
David Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Beni, dijo que la implementación del subsidio, que aún no tiene una reglamentación clara, genera desconfianza.
El sector teme que la venta subsidiada pueda impactar negativamente en los precios del mercado.
“Si el subsidio genera una caída en los precios, los productores seremos los más perjudicados”, advierte Pérez.
En esa línea, detalló que la producción arrocera en Bolivia se ha visto gravemente afectada durante la campaña de verano (finales de 2024 e inicio de este año).
En el departamento del Beni, donde habitualmente se siembran hasta 70.000 hectáreas anuales, el pronóstico para la presente campaña es de 60.000 hectáreas.
En Santa Cruz, de las 120.000 hectáreas proyectadas, se logró sembrar un 70%, llegando a casi 100.000 hectáreas tras esfuerzos posteriores de recuperación; es decir, la región enfrentó una pérdida inicial del 30%.
Pérez destacó que, aunque las condiciones climáticas acompañaron en los últimos meses, las complicaciones en la adquisición de insumos dificultan alcanzar las cifras habituales. Otro de los retos principales es el elevado costo de producción.
Pérez explicó que, mientras el año pasado producir una hectárea costaba entre $us 1.000 y $us 1.200, este año la cifra se elevó a $us 2.000. Esto, a su vez, presiona a los productores que venden la fanega (unidad de medida agrícola) a precios más altos para tener rentabilidad para seguir en pie en esta actividad.
“Una fanega debería costar arriba de Bs 800 para cubrir los costos de producción”, sostuvo.
Reacción
El sector arrocero de Montero, representado por Jimmy Prado, presidente de la Asociación de Ingenios Arroceros, está en una encrucijada ante la implementación del subsidio del arroz.
Según el dirigente, estas políticas generan incertidumbre y afectan directamente a los productores. “Subvencionar y no generar ingresos... no sé qué bien le hace al país esta política”, expresó.
Para el dirigente, las subvenciones deberían orientarse a fortalecer la producción agrícola, especialmente a través del apoyo a los agricultores y la disponibilidad de insumos como el diésel, cuya escasez ha impactado considerablemente en el sector.
“Si en la cosecha falta diésel, algo se quedará en el campo, y eso lo sufre el país”, advirtió.
Para el dirigente sectorial, esto podría distorsionar el mercado al presionar a los productores con precios no competitivos y generar competencia desleal.
El dirigente también denunció que el propio gobierno fomenta una competencia desleal al regular precios de manera que no benefician ni a productores ni a consumidores.
Esto agrava aún más la situación de un sector ya golpeado por la falta de recursos y de políticas públicas claras.
“Nosotros no podemos subvencionar y subvencionar. Entonces ¿Dónde estaría la ganancia?”, dijo.
Añadió que el panorama actual es desalentador. “Sinceramente, estamos muy preocupados. Estas políticas no solo afectan nuestra producción, sino que ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país”, subrayó.
