El ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, trazó como una de sus metas para este año el desarrollar como prioridad la soberanía alimentaria del país.
En su plan establece que durante décadas, los agroexportadores nacionales asociados con transnacionales se beneficiaron con varios programas de apoyo estatales destinados a elevar las exportaciones, mientras que el abastecimiento del mercado quedó en segundo plano. En 2008, esa política dará un giro de 180 grados y la producción de alimentos para cubrir las necesidades nacionales se convertirá en una política de Estado.
La nueva política alimentaria se apoya en el Decreto Supremo 29.339 que da paso a un programa de seguridad y soberanía alimentaria con un presupuesto de 58 millones de dólares a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), responsable de la producción de trigo, arroz, maíz y soya, según información difundida por la APG.
El programa incluye la provisión de semilla de papa con una inversión de un millón de dólares, transferencias no reembolsables para la producción de maíz, papa, tomate y cebolla con una inversión de 4 millones de dólares. Otro eje tiene que ver con la importación de alimentos y ya se adquirieron 1.200 toneladas de arroz argentino y se calcula que dentro de 4 a 5 años el país será autosuficiente en trigo.
La nueva política alimentaria se expresa también en varios articulados de la nueva Constitución Política del Estado, que por primera vez declara que el acceso a alimentos es un derecho humano.
En el Artículo 406 de la nueva Constitución, se distinguen como objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado “garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano”. En el mismo artículo se establece que el Estado debe contar con mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana, promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos, sistemas de riego con el fin de garantizar la producción agropecuaria, asistencia técnica y mecanismos de innovación y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.
A la vez, la nueva Carta Magna insta a crear un banco de semillas y centros de investigación genética, establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural, controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos y proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario.
El Artículo 318 dice que el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora.
El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país.
Según la nueva Constitución el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria, que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y la visión propios de los pueblos y naciones indígena originario y campesinos. Se entiende que el área comunitaria de la economía es una alternativa solidaria, tanto en el campo como en la ciudad.
El Estado priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de pequeños productores, urbanos y rurales, y promocionará el desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país.
El Estado protegerá y fomentará a las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos. A través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, de la artesanía, del comercio, de los servicios, de las organizaciones comunitarias y de las cooperativas de producción.
En su plan establece que durante décadas, los agroexportadores nacionales asociados con transnacionales se beneficiaron con varios programas de apoyo estatales destinados a elevar las exportaciones, mientras que el abastecimiento del mercado quedó en segundo plano. En 2008, esa política dará un giro de 180 grados y la producción de alimentos para cubrir las necesidades nacionales se convertirá en una política de Estado.
La nueva política alimentaria se apoya en el Decreto Supremo 29.339 que da paso a un programa de seguridad y soberanía alimentaria con un presupuesto de 58 millones de dólares a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), responsable de la producción de trigo, arroz, maíz y soya, según información difundida por la APG.
El programa incluye la provisión de semilla de papa con una inversión de un millón de dólares, transferencias no reembolsables para la producción de maíz, papa, tomate y cebolla con una inversión de 4 millones de dólares. Otro eje tiene que ver con la importación de alimentos y ya se adquirieron 1.200 toneladas de arroz argentino y se calcula que dentro de 4 a 5 años el país será autosuficiente en trigo.
La nueva política alimentaria se expresa también en varios articulados de la nueva Constitución Política del Estado, que por primera vez declara que el acceso a alimentos es un derecho humano.
En el Artículo 406 de la nueva Constitución, se distinguen como objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado “garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano”. En el mismo artículo se establece que el Estado debe contar con mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana, promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos, sistemas de riego con el fin de garantizar la producción agropecuaria, asistencia técnica y mecanismos de innovación y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.
A la vez, la nueva Carta Magna insta a crear un banco de semillas y centros de investigación genética, establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural, controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos y proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario.
El Artículo 318 dice que el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora.
El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país.
Según la nueva Constitución el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria, que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y la visión propios de los pueblos y naciones indígena originario y campesinos. Se entiende que el área comunitaria de la economía es una alternativa solidaria, tanto en el campo como en la ciudad.
El Estado priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de pequeños productores, urbanos y rurales, y promocionará el desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país.
El Estado protegerá y fomentará a las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos. A través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, de la artesanía, del comercio, de los servicios, de las organizaciones comunitarias y de las cooperativas de producción.
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