Según una investigación de la economista Gabriela Ruesgas, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), desde su creación en 2007, se convirtió en un intermediario estatal entre los pequeños productores y la sociedad para la provisión de trigo, sin embargo no logró fortalecer a este sector en sus capacidades productivas, ni ofrecerle acompañamiento técnico en su período agrícola, según publica el periódico digital del Pieb.
De acuerdo con este medio, el estudio “Emapa y los pequeños productores de trigo: la verdadera intencionalidad detrás de la intervención estatal” es una tesis de maestría para la Planificación y Economía Política del Desarrollo del Postgrado de Ciencias de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que cuenta con el apoyo de Agrónomos Veterinarios Sin Frontera (AVSF).
Este estudio tenía como objetivo identificar el impacto real de la empresa estatal en las zonas tradicionales de producción de trigo de los departamentos de Tarija y Cochabamba, en un contexto determinado por un marco normativo estatal a favor del desarrollo rural integral sustentable como parte fundamental de las políticas económicas del Estado, además de la priorización de fomento a los emprendimientos económicos comunitarios, con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria.
“A pesar que el actual Gobierno de Evo Morales, en el marco de la Constitución Política del Estado, del Plan Nacional de Desarrollo y de sus planes de desarrollo sectorial reconocen y priorizan como uno de sus principales pilares para el Vivir Bien alcanzar un verdadero desarrollo rural integral sustentable, cuya base sea el reconocimiento, fortalecimiento y potenciamiento de las unidades productivas rurales, en particular las pequeñas, en la práctica la intervención estatal todavía es insuficiente”, afirmó la investigadora a este periódico digital del Pieb.
“Debería haber asistencia técnica pero no la hay; la gran mayoría de los productores afirman que reciben insumos, pero que requieren de un mayor acompañamiento (ya que) no saben las consecuencias que tendrá el uso de los fertilizantes que les provee la empresa”, afirma y sostiene que no existe apoyo técnico durante el período agrícola.
Como señala Ruesgas, el rol de Emapa es bastante complejo porque además de tener la misión de estabilizar los precios del trigo –con puntos neurálgicos en las ciudades de La Paz y El Alto-, debe garantizar seguridad alimentaria. Entre sus principales compromisos está convertir al Estado en el principal apoyo a la producción agropecuaria sostenible de pequeños y medianos agricultores, participar en la transformación primaria de la producción agrícola, construir mejores condiciones de producción e infraestructura productiva, fortalecer a las organizaciones de productores locales y organizaciones sociales, además de contribuir a dar mejores condiciones de producción y comercialización.
El trigo es considerado un producto de primera necesidad y primordial en el plan de seguridad y soberanía alimentaria del Estado nacional. Y es uno de los cuatro programas que maneja Emapa. Aun así, la economista afirmó que el país sigue arrastrando un déficit de este producto pues de acuerdo a datos oficiales la producción nacional abastecería menos del 30 por ciento de la demanda interna, que a su vez se incrementó entre 2007 a 2010, de 557.840 toneladas métricas (Tm) a 625.427 (Tm).
“La tendencia creciente a partir de la intervención de Emapa no se da necesariamente por un incremento en la superficie de cultivo, sino por aumentos en los niveles de rendimiento de la producción”, afirmó.
La evolución de la producción de trigo en el período 2005-2006 llegó a abarcar una superficie de 125.440 hectáreas (has) con un volumen de 112.431 toneladas métricas (Tm), a razón de 1.059 kilos por hectárea (Kg/ha), en relación al período 2011-2012, cuando la superficie cultivada llegó a 165.748 has con una producción en volumen de 237.635 Tm y una capacidad de 1.316 kg/ha.
A pesar de que la estatal paga a los proveedores 150 bolivianos por quintal del trigo en estado de materia prima; es decir, 30 bolivianos más que lo que ofrece el mercado, la investigadora señala que esta subvención no ha logrado cambios sustanciales en el sector, ya que el ingreso que perciben las familias productoras por la venta del trigo, no representa su ingreso más importante. Emapa también compra a los medianos productores trigo procesado, pero no a precio subvencionado.
En este estudio, Ruesgas también identificó que a partir de la intervención de Emapa en sector del pequeño productor de trigo éste se debilitó, debido a que la estatal no sólo negocia con las asociaciones, sino también con familias individuales. Otro resultado de este trabajo determina que el Estado no está en condiciones de asimilar a todos los productores en sus planes de comercialización.
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