Cañeros en emergencia: exigen diésel para evitar quiebra del sector

 La Confederación de Cañeros de Bolivia (Concabol) emitió este lunes una severa advertencia al Gobierno nacional, al declarar un estado de emergencia ante la falta de garantías para el suministro de diésel que permita dar inicio a la zafra cañera 2025. Sin combustible, alertan, no solo peligra la producción de etanol y azúcar, sino también la sostenibilidad del sector, que genera miles de empleos y aporta a la seguridad alimentaria y energética del país.

“Bolivia atraviesa un momento en el que más que nunca necesita etanol nacional para sustituir la gasolina importada, azúcar para abastecer el mercado interno y la posibilidad de generar excedentes para exportar”, señala el comunicado, en un contexto marcado por la escasez de combustibles y la crisis fiscal.

Desde Concabol denuncian que, pese al compromiso del propio presidente Luis Arce de garantizar el abastecimiento de diésel, esa promesa no se está cumpliendo. “Hoy ese compromiso no se está cumpliendo. Sin diésel no hay zafra, y si no hay zafra, el país pierde y los bolivianos perdemos”, advierten.

El sector agroindustrial cañero —clave para la economía del oriente boliviano— ha incrementado su producción de etanol con base en acuerdos asumidos por el Gobierno en años anteriores. Sin embargo, iniciar la campaña agrícola sin garantías mínimas, advierten, “podría significar la quiebra del sector cañero”, afectando a miles de empleos directos e indirectos.

En ese marco, los productores solicitan una reunión urgente con YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías para resolver lo que consideran “temas apremiantes”.

“No se puede detener una zafra que alimenta, mueve y sostiene a miles de familias bolivianas”, insisten desde Concabol, haciendo un llamado al Ejecutivo para actuar “con la seriedad y urgencia que el país necesita”.

La advertencia se suma a otras voces del sector productivo que en los últimos días han cuestionado la gestión gubernamental ante la escasez de combustibles, la crisis de divisas y la falta de coordinación con el aparato productivo.

Anapo califica como “tardía” la autorización para exportar soya; la cosecha ya avanzó un 90%

 El levantamiento parcial del veto a las exportaciones de soya, fue calificado como “tardío” por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), cuando la cosecha se encuentra con un avance del 90% y los productores ya han comercializado casi toda su producción en el mercado interno, “sin poder aprovechar mejores condiciones de precio en el exterior”.

El Gobierno nacional anunció este miércoles la autorización para exportar 250 mil toneladas del grano, “tras constatar una mejor productividad en la producción durante la campaña agrícola de verano 2024 – 2025 y estimar una cosecha de más de 3 millones de toneladas”.

“El impacto de esta decisión será mínimo para los productores, especialmente para los pequeños. La medida llega tarde, cuando ya no hay margen para negociar con base en la oportunidad de exportación. Lamentablemente, los únicos beneficiados serán los acopiadores e intermediarios”, afirmó Jaime Hernández, gerente general de Anapo.

El ejecutivo recordó que desde enero se conocía que la superficie sembrada alcanzaba 1,2 millones de hectáreas, con una proyección de al menos 3 millones de toneladas de grano. De ese total, el mercado interno solo demanda unas 800 mil toneladas, lo que dejaba un potencial excedente exportable cercano a los 2 millones de toneladas.

En ese marco y, pese a esa información disponible desde el inicio de la campaña, la liberación de exportaciones no fue priorizada, reclamó Hernández, a la vez que manifestó que Anapo también observó que la autorización del Gobierno no es plena, ya que está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos administrativos, que si bien se presentan como mínimos, en la práctica se traducen en trabas burocráticas que dificultan el proceso exportador.

“Estos trámites son un retroceso respecto al acuerdo alcanzado en 2019, cuando se estableció un mecanismo automático para exportar hasta el 60% de la producción del año anterior, conforme a datos del INE, y que fue formalizado mediante el Decreto Supremo N° 3920. Ese acuerdo ha sido incumplido este año por el propio Gobierno”, subrayó Hernández.

La institución remarcó que la libre exportación sin cupos ni restricciones es una condición indispensable para brindar previsibilidad a los productores, estimular la producción de alimentos y garantizar la sostenibilidad del sector agropecuario. En ese sentido, instó al Ejecutivo a revisar sus políticas con visión de largo plazo, sin frenar el acceso a mercados ni castigar a quienes sostienen la seguridad alimentaria del país.