La falta de políticas que fomenten la industrialización de la coca y que combatan el contrabando de los derivados de la hoja fabricados en países vecinos preocupan a los industrializadores bolivianos. Los productores piden apoyo tangible del Gobierno.
La nueva Ley General de la Coca, promulgada por el presidente Evo Morales el pasado 8 de marzo, establece la ampliación de los cultivos legales a 22.000 hectáreas. Además, mecanismos de control y fomento de la producción, circulación, comercialización, investigación e industrialización de la planta tradicional.
El gerente de Ingacoca -empresa con amplia experiencia en la industrialización de la coca-, Prudencio Ticona, señala que hasta la fecha el apoyo estatal al sector no ha sido suficiente. Espera que la nueva norma "esta vez sí dé resultados”.
Ingacoca, una fábrica artesanal
Hace 29 años, en el Chapare, Ticona abrió una pequeña fábrica de productos medicinales hechos a base de la hoja de coca. Un quinquenio después, ante la falta de apoyo y mercado, se vio obligado a migrar a La Paz donde había mayor demanda para su producción.
Su empresa actualmente cuenta con cuatro trabajadores, todos familiares de Ticona, para evitar que las fórmulas se filtren y sean replicadas. Tiene un inmueble propio ubicado en la zona Ventilla de El Alto.
La pequeña planta industrializadora aún está en construcción pero ya cumple con los requisitos que exigen el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) para su funcionamiento. "Ya sólo faltan detalles”, asegura el propietario.
En la última década ha ampliado su empresa "por cuenta propia, sin apoyo alguno” -asegura- pese a las normas y al discurso oficial de promoción y defensa de la hoja de coca.
Ingacoca elabora al momento 22 productos, desde jarabes hasta champús y bálsamos de belleza. Entre ellos sobresale la "pomada verde” por sus buenos resultados en dolencias de huesos y reumatismo. A pesar del cuarto siglo de la empresa, el proceso de elaboración y posterior envasado continúa siendo artesanal.
"Somos autofinanciados y por ese motivo también producimos en cantidades pequeñas. No gozamos de ningún financiamiento, incentivo o apoyo del Gobierno u otra entidad, a pesar que hace años crearon ya un viceministerio de la Coca y la Digcoin (Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Coca) que deberían velar por estos temas”, asevera.
La coca que utiliza Ingacoca proviene en su totalidad de los Yungas, son hojas más pequeñas y delgadas que las del Chapare. Al mes, adquiere entre 60 y 70 libras que deben ser de cultivos ecológicos o de primera cosecha. "Esas son sanas y no están fumigadas o tratadas con químicos”.
Ticona dice que el transporte del principal insumo de su fábrica significa otro problema. Como la coca figura en la Lista 1 de estupefacientes, su traslado -aunque sea para la industrialización- implica un trámite. "Se necesita tiempo para viajar y pasar todos los controles. Hay autoridades que no entienden que es para la industria y no te la dejan pasar”, afirma el emprendedor.
Productos de contrabando
El contrabando de los productos derivados de coca hechos en países vecinos es otro problema para los industrializadores. "El mismo productor cocalero que usa este tipo de medicinas no apoya lo hecho en Bolivia y consume las procesados en el extranjero”, lamenta Ticona.
Prueba de ello es que gran parte de los puntos de venta de medicina tradicional están abarrotados de productos a base de coca de procedencia peruana. Sólo en la calle Santa Cruz de La Paz, el 60% de la mercadería de las chifleras proviene del vecino país.
"De Perú traen. Son más baratos que nacionales e igual están hechos de coca”, coinciden las vendedoras. En un recorrido, Página Siete verificó que ninguno de los productos peruanos cuenta con registro sanitario o lista de ingredientes; el aroma inconfundible de la hoja es el único indicio de su posible contenido.
En una de las ferias permanentes del centro de La Paz, María Teresa (pide no identificarse con su apellido) atiende un puesto naturista. En las vitrinas expone productos de al menos cuatro de las 13 pequeñas, medianas y grandes empresas industrializadoras de coca registradas en la Digicoin hasta 2014 y muchos otros sin ningún registro.
"Los peruanos son de contrabando, no es legal su importación por la coca con la que están hechos. Pero igual se dan modos para hacernos llegar”, manifiesta.
El precio marca la primera diferencia. En el puesto de María Teresa un paquete de 100 gramos de la harina de coca de Inalfa (boliviana) cuesta 25 bolivianos. Mientras que el sobre de 150 gramos de harina peruana cuesta a 15 bolivianos. "Lo mismo pasa en las pomadas. Lo nacional es más caro”, explica la vendedora.
Para el empresario Ticona la principal diferencia radica en la calidad. Dice que su hermano, profesional en química, tras analizar las harinas de coca peruana ha determinado que no son puras.
"Prácticamente hay un ingreso libre que hace una competencia desleal a nuestra propia industria de la coca. Pero contradictoriamente nosotros no podemos exportar”, lamenta.
Las trabas, los pendientes
Hace unos años, los buenos resultados de uno de los productos de Ingacoca llamaron la atención de empresas extranjeras que intentaron comprar la fórmula y los derechos de elaboración. Para ello solicitaron los registros de Inlasa pero no tuvieron éxito.
"Hace tres años llegó una comitiva rusa sólo para ver la ‘pomada verde’. Hemos empezado los trámites para vender su fórmula pero sólo se nos presentaron obstáculos. Nos dijeron que no había estudios específicos que permitan exportar el derivado de coca. Las autoridades encargadas no están trabajando en eso”, dice el empresario
Los pocos ejemplares de la "pomada verde” que salieron del país lo hicieron en equipajes de turistas que se llevaron una o dos unidades para su propio consumo. Parte de esos productos, sin embargo, fueron decomisados en diferentes aeropuertos.
En otros países como Holanda la exportación de derivados de la hoja de coca se realiza a través de la extracción del alcaloide. Ese proceso no ha sido establecido ni trabajado en Bolivia.
"Ojalá que la nueva Ley de la Coca lleve adelante la industrialización, pero una de verdad”, manifiesta Ticona esperanzado.
En 2010 con un financiamiento de 1,6 millones de dólares el Gobierno instaló un planta en el Chapare, similar hecho se replicó en los Yungas.
"Nosotros no contamos con ese dinero pero sí estamos llevando adelante la industrialización. Con 100 mil dolares yo me equiparía con todo, bastaría con una política de créditos y de arancel cero para importar la maquinaria”, asegura el emprendedor.
La semana pasada Ingacoca y otras pequeñas industrializadoras participaron en una feria en Chimoré. A Ticona sólo le pidieron calendarios y volvió a La Paz sin vender un solo producto.
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