Sobre todo en Santa Cruz, personas inescrupulosas ofrecen plaguicidas y fertilizantes adulterados y/o robados arriesgando la producción agrícola y la salud de la población.
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El contrabando de plaguicidas y fertilizantes –sin control de calidad– amenaza el rendimiento de la producción agrícola nacional, pone en riesgo la salud de la población, afecta a las empresas importadoras legalmente establecidas y evita ingresos al Estado por impuestos y aranceles, advirtió hoy la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA).
Esa Asociación, que aglutina a unas 60 empresas dedicadas a la importación, formulación y comercialización de insumos agropecuarios recibió reportes, sobre todo en Santa Cruz, en sentido de que personas inescrupulosas están ofreciendo a los productores insumos agrícolas de contrabando y/o falsificados a bajos costos poniendo en serio riesgo el estatus fitosanitario del país, al no cumplir con el control y la certificación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).
“La presencia de estos insumos en el mercado -que en su mayoría son adulterados o robados- van en desmedro de los cultivos y de los agricultores que realizan inversiones para producir alimentos, además de poner en peligro la salud de los consumidores de alimentos”, afirma APIA en un documento de análisis sobre la temática.
Pérdidas millonarias
Recuerda que con estas actividades ilegales, al igual que se dio anteriormente con el contrabando de semillas, pierden todos los que cumplen con la ley y sólo ganan los contrabandistas y falsificadores, quienes además afectan los ingresos por inspección que debería percibir el SENASAG.
De acuerdo a los registros de APIA, el 2013 los agricultores, las empresas y el Estado resultaron afectados con una pérdida de Bs111 millones. Las empresas han soportado un daño económico de Bs 35.720.000 y el Estado boliviano ha dejado de percibir el 16% por obligaciones impositivas, es decir, cerca de Bs 5.715.200. A esto se suma la pérdida de los agricultores –que usaron la semilla ilegal– de al menos Bs 70 millones por la disminución de más del 10% de sus ingresos debido a la baja en el rendimiento por hectárea.
En este contexto, la Asociación ratificó su posición de defensa de la normativa legal vigente debido a que “es una institución que cumple y defiende las normas que rigen la actividad agropecuaria y agroindustrial en el país”.
Manifiesta su “rechazo a las prácticas comerciales fuera de la ley como el contrabando, la importación de productos no registrados, adulteración, subfacturación, entre otras que causan daño al Estado evitándole ingresos por recaudaciones y al agricultor con la baja del rendimiento de la tierra por hectárea”.
Operativos de SENASAG
Alfredo Cayhura, Jefe Distrital del SENASAG de Potosí informó que se han iniciado “inspecciones sorpresa” en tiendas comercializadoras de agroquímicos en Potosí, con el objetivo de verificar el vencimiento de los productos, decomisar los mismos y precautelar la salud de la población.
APIA valora los operativos de SENASAG y manifiesta su esperanza de que estas acciones se extiendan a todo el país. Señala que sería conveniente que estas actividades de control riguroso se apliquen también para a los productos agropecuarios que ingresan de contrabando, y que perjudican a las empresas, que cumplen con la Ley y pagan sus impuestos”, dijo.
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