Mediante un documento, el sector oleaginoso hizo conocer su posición con referencia a la promulgación de la Ley Marco de la Madre Tierra para el Desarrollo Integral para el Vivir Bien. Sin embargo, dicha Ley se aprobó sin convocar a representantes del sector, ni por el Ejecutivo, ni por el Legislativo, por cuanto ellos son uno de los principales sujetos de interacción con la madre tierra y sólo con su concurso se podría evaluar, por cuanto afecta a sus derechos y pone en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo boliviano y la seguridad laboral de otros miles de habitantes cuya actividad e ingreso depende de nuestra producción.
Ellos no niegan que existen aspectos positivos en la Ley Marco de la Madre Tierra No. 300, pero a la vez quieren llamar la atención de las autoridades de Gobierno sobre cuatro puntos contenidos en digha norma que nos generan incertidumbre. Por ello señalan la previsión contenida en el Art. 24 numeral 8 de la mencionada ley, donde de manera expresa se habla de la eliminación, en tanto prohibición definitiva, del uso de semilla transgénica.
Si bien queda claro que esto se refiere a la eliminación del cultivo de la soya, no es menos cierto que otros cultivos, tampoco podrán ser probados en nuestro país, a pesar de que las semillas no tengan como centro de origen o diversidad nuestro país, por lo que variedades resistentes a plagas, sequías o inundaciones no podrán ser aprovechadas por nuestros productores.
Contradictoriamente, hay que decirlo, no existe prohibición alguna en la ley para la importación de alimentos con ingredientes transgénicos; en otras palabras no podemos producir acá, pero si podemos consumir lo de afuera.
El segundo aspecto a observar es la inseguridad en la tenencia de la tierra que genera el Art. 19 numerales 2 y 3 de la Ley No. 300, pues constituye un claro direccionamiento a redistribuir las tierras de los productores bolivianos o extranjeros y de las empresas agropecuarias, a través de la imposición de nuevos requisitos ecológicos y espirituales con un nuevo concepto de FES (Art. 16 num.3), que va mas allá de lo previsto en la Constitución Política del Estado.
Este mandato normativo es además erróneamente acatado por el INRA, para aplicar retroactivamente la Carta Magna y con ello afectar derechos de productores extranjeros, que casualmente vienen siendo víctimas constantes de avasallamientos, extorsiones, amenazas, robos, etc.
En este accionar del INRA y de los avasalladores hay una clara tendencia xenófoba, que se ve agravada con la presencia de grupos irregulares que actúan sin ningún control de las autoridades llamadas por ley y donde abrigamos la esperanza que el Ministro Carlos Romero actúe como lo está haciendo en otro caso.
Tercero, nos resulta incomprensible que teniendo una superficie cultivada que no llega a los 3 millones de hectáreas, de las 109 que tiene el país, se evite la ampliación de la frontera agrícola, alentando también con ello a la toma de propiedades productivas que se centran en nuestro departamento.
Según el informe de resultados del INRA, publicado en su página web, se tienen 23 millones de hectáreas de tierras fiscales. La pregunta es porque no se distribuyen éstas y porque no se protege adecuadamente las que cuentan con trabajo, inversiones y mejoras.
Finalmente, la falta de claridad en diferenciar las infracciones, contravenciones y delitos contra la madre tierra y sus componentes, hace pasible a que la inobservancia de ésta y las futuras normas que regulen el uso de los recursos naturales, pueda ser considerado traición a la patria en aplicación de los artículos 28, 118 y 124 de la Constitución Política del Estado.
Bajo estas condiciones y ante la falta de convocatoria a continuar el dialogo sobre esta temática, el sector primario oleaginoso SE DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA y solicita la urgente aprobación de las leyes comprometidas con nuestra organización matriz, a fin de resguardar el derecho propietario de los productores bolivianos y extranjeros que de manera lícita contribuyen a la seguridad alimentaria de nuestra población. Finalmente ratificamos nuestra predisposición a seguir discutiendo los alcances de la ley de la madre tierra para encontrar la tan ansiada seguridad jurídica para nuestros productores.
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