A la vista de las autoridades y del propio pueblo de San José de Chiquitos, que está cubierto de una densa humareda, más de 4.000 hectáreas de un espeso bosque desapareció en las reservas denominadas Yerba Quemada y Tigre Gente (entre ambas tienen 8.000 ha), producto de la tala indiscriminada efectuada por algunos privados y campesinos.
Una visita realizada por EL DEBER, junto a los dueños de los dos predios afectados que se encuentran en la reserva forestal -a 240 kilómetros de la capital cruceña-, detectó que la mitad del bosque desapareció y sólo quedan cenizas de los árboles. La situación es crítica, ya que el humo también invadió la capital josesana. Mientras tanto, venados, penis y tatuses huyen de un lado a otro en busca de salvarse del fuego y de la tala indiscriminada.
Alfonso Áñez, uno de los propietarios, dijo que uno de los autores de la tala indiscriminada ya fue identificado. Esta persona (HB), según se dice, intenta apoderarse del área.
Entre los privados afectados por la toma y tala ilegal de la reserva también figuran Carlos Eduardo Payoni, Rony Espinato Rivero y Wálter Castedo, agregó Áñez.
"La Superintendencia Forestal y el INRA nos dieron la autorización el año 1990 para hacer un manejo del bosque en la reserva. Sin embargo, ahora las mismas autoridades de estas instituciones no hacen cumplir la ley. Aquí hemos invertido 400 mil dólares y pagamos cada mes nuestras patentes, por lo tanto, debe intervenir la superintendencia del área. Si el Estado quiere proteger la naturaleza, entonces que cumpla la ley o que nos devuelva nuestra plata", aseveró.
Por su lado, el alcalde de ese municipio, Germaín Caballero, instruyó a la Unidad Forestal hacer una inspección hoy conjuntamente con un representante de la Superintendencia Forestal que llegará a la zona. No obstante, adelantó que recibió un informe preliminar en el que se evidenció la tala indiscriminada de bosques, además de una toma.
La ley establece que se debe respetar la legislación vigente sobre Plan de Uso de Suelo y el D S Nº 26075, que declara a las reservas como bosque de producción forestal permanente; por lo tanto, la actividad permitida para estas situaciones debería ser el manejo de bosques y no la ganadería ni la agricultura. Para hoy se tiene previsto hacer una inspección y no se descarta entregar notificaciones a los infractores.
El director regional del INRA, Dionisio Rivas, dijo que la responsabilidad es de la Superintendencia Forestal.
Otros datos
- En mayo de 1990, la Superintendencia Forestal entregó la autorización al empresario Alfonso Áñez para que se haga cargo de la reserva forestal. Sin embargo, también existen otros documentos de supuestos propietarios de dicha área.
- La reserva forestal se encuentra a 20 km del municipio de San José de Chiquitos. Cientos de hectáreas han sido desmontadas y se observa humareda en el trayecto del corredor bioceánico.
- Además de esta reserva, otras zonas que están en peligro son la reserva forestal Choré, de unas 900.000 ha. También se encuentra la reserva norte del municipio de Santa Rosa del Sara, a favor de los colonos.
Una visita realizada por EL DEBER, junto a los dueños de los dos predios afectados que se encuentran en la reserva forestal -a 240 kilómetros de la capital cruceña-, detectó que la mitad del bosque desapareció y sólo quedan cenizas de los árboles. La situación es crítica, ya que el humo también invadió la capital josesana. Mientras tanto, venados, penis y tatuses huyen de un lado a otro en busca de salvarse del fuego y de la tala indiscriminada.
Alfonso Áñez, uno de los propietarios, dijo que uno de los autores de la tala indiscriminada ya fue identificado. Esta persona (HB), según se dice, intenta apoderarse del área.
Entre los privados afectados por la toma y tala ilegal de la reserva también figuran Carlos Eduardo Payoni, Rony Espinato Rivero y Wálter Castedo, agregó Áñez.
"La Superintendencia Forestal y el INRA nos dieron la autorización el año 1990 para hacer un manejo del bosque en la reserva. Sin embargo, ahora las mismas autoridades de estas instituciones no hacen cumplir la ley. Aquí hemos invertido 400 mil dólares y pagamos cada mes nuestras patentes, por lo tanto, debe intervenir la superintendencia del área. Si el Estado quiere proteger la naturaleza, entonces que cumpla la ley o que nos devuelva nuestra plata", aseveró.
Por su lado, el alcalde de ese municipio, Germaín Caballero, instruyó a la Unidad Forestal hacer una inspección hoy conjuntamente con un representante de la Superintendencia Forestal que llegará a la zona. No obstante, adelantó que recibió un informe preliminar en el que se evidenció la tala indiscriminada de bosques, además de una toma.
La ley establece que se debe respetar la legislación vigente sobre Plan de Uso de Suelo y el D S Nº 26075, que declara a las reservas como bosque de producción forestal permanente; por lo tanto, la actividad permitida para estas situaciones debería ser el manejo de bosques y no la ganadería ni la agricultura. Para hoy se tiene previsto hacer una inspección y no se descarta entregar notificaciones a los infractores.
El director regional del INRA, Dionisio Rivas, dijo que la responsabilidad es de la Superintendencia Forestal.
Otros datos
- En mayo de 1990, la Superintendencia Forestal entregó la autorización al empresario Alfonso Áñez para que se haga cargo de la reserva forestal. Sin embargo, también existen otros documentos de supuestos propietarios de dicha área.
- La reserva forestal se encuentra a 20 km del municipio de San José de Chiquitos. Cientos de hectáreas han sido desmontadas y se observa humareda en el trayecto del corredor bioceánico.
- Además de esta reserva, otras zonas que están en peligro son la reserva forestal Choré, de unas 900.000 ha. También se encuentra la reserva norte del municipio de Santa Rosa del Sara, a favor de los colonos.
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